Los comparecientes a las comisiones de investigación pueden acogerse a su derecho a no declarar, pero están obligados a decir la verdad. Un hecho que el portavoz del PP, Elías Bendodo, recordó a la presidenta del Congreso de los Diputados y compareciente, Francina Armengol. Sin embargo, la expresidenta balear, que habló de "bulos" y "fango" durante su exposición, mintió al afirmar que las mascarillas compradas a Soluciones de gestión -la empresa de la trama Koldo- iban destinadas al uso civil y no a los trabajadores sanitarios. Una forma de quitarle hierro al hecho de que las mascarillas compradas como FFP2 a esta empresa en realidad no servían como tales, según demostraron los análisis técnicos. "Las mascarillas no se podían utilizar por trabajadores, pero sí podían tener un uso civil durante la desescalada, que era para lo que se compraron", afirmó Armengol. Una mentira, tal y como demuestra la resolución firmada por el director del Servicio Balear de Salud, Juli Fuster, el 4 de mayo de 2020 y a la que ha accedido Vozpópuli.
Este documento, que da el visto bueno a la compra, indica con claridad que el millón y medio de mascarillas adquirido a Soluciones de gestión por 3,7 millones de euros tenía como fin su uso por parte de profesionales sanitarios, no por la población civil. De hecho, así se justifica que se procediera por la vía de emergencia a la adjudicación de este contrato.
"Todo lo indicado se ha contratado por medio del procedimiento de emergencia para el suministro de material sanitario y de protección individual para atender las necesidades de los profesionales sanitarios y de entidades sociales o privadas que no pueden prestar asistencia sanitaria sin este material por tratarse el covid de un virus muy contagioso que no permite tratar a los pacientes si no es a través de estos equipos de protección individual", especifica el texto justo a continuación de anunciar la adjudicación de 3,7 millones de euros a Soluciones de gestión. El Consejo de Gobierno de Baleares dio su aprobación a esta compra en su reunión del 9 de mayo.
La estrategia de Armengol
Ahora, Armengol intenta salvar los muebles afirmando que estas mascarillas tenían como fin un uso civil. Más concretamente, su destino era engrosar un "stock de seguridad" que tenía como objetivo proveer de mascarillas a la ciudadanía durante la desescalada. La realidad es bien distinta a este nuevo relato de la expresidenta balear. Las mascarillas se compraron con fines sanitarios, como demuestra el documento de Fuster, pero no cumplían con los requisitos técnicos para ello. Se compraron como FFP2 pero el Centro Nacional de Medios de Protección determinó en su análisis que no cumplían con los parámetros para recibir esta denominación. Por consiguiente, las mascarillas se almacenaron porque no valían para lo que habían sido compradas.
No solo no se inició una reclamación, cosa habitual en otros contratos del Ministerio de Sanidad con empresas que tampoco cumplieron lo pactado -como la compañía Member of the Tribe-, sino que el Gobierno de Armengol recomendó la contratación de esta empresa pese a haber traído una mercancía que no se correspondía con lo contratado. "Soluciones de gestión ha realizado suministros de manera satisfactoria... sin tener a fecha de hoy ninguna incidencia", reza el aval firmado por Antoni Mascaró Crespí, quien fuera subdirector de la Central de Compras y Logística y al que el PSOE ha evitado llamar a la Comisión de Investigación.
El nuevo relato de Armengol, que no se corresponde con el que dio en su rueda de prensa en el Congreso recién estallado el caso Koldo, le sirve para defender que no hubo "ninguna incidencia" porque las mascarillas se compraron para uso civil y por tanto no pasaba nada si no eran FFP2. Una pirueta que no se corresponde con lo que dictan los documentos de su propio Servicio de Salud.
Por si fuera poco, el Gobierno de Armengol esperó hasta el 6 de julio de 2023, justo antes de la entrada del nuevo Ejecutivo del PP, para emitir un informe proponiendo la reclamación de reintegro a Soluciones de gestión por no cumplir con los términos del contrato. Una nueva incongruencia por parte de Armengol: si las mascarillas servían para lo que fueron compradas (uso civil), ¿para qué se reclama la devolución del pago?
La Fiscalía Europea ya está investigando este contrato de Armengol -pagado con fondos UE- y ha reclamado al juez del caso Koldo información de la Guardia Civil y de Hacienda al respecto. Este organismo pone el foco en los oficios de la UCO en los que se alertó de posibles irregularidades con los contratos con Soluciones de gestión.
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