La todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado, será nueva fiscal general del Estado. Así lo ha dado a conocer este lunes el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. Para aceptar el cargo, la fiscal deberá renunciar al acta de diputada del PSOE, dado que, por ley, existe incompatibilidad entre el escaño en el Congreso y la jefatura del Ministerio Público.
Según recoge el artículo 70 de la Constitución, la ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores. Estas incluyen a los magistrados, jueces y fiscales en activo. Este último sería el caso de Delgado, quien pidió una excedencia para asumir el Ministerio de Justicia y volvería a estar en activo para ejercer la dirección de la Fiscalía General en sustitución de María José Segarra.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 57, establece que es "incompatible" con el ejercicio del cargo de fiscal "cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado". Es decir, que Delgado no podría mantener su acta de diputada si desea ejercer al frente la Fiscalía.
El artículo 59 de dicho estatuto también determina que los miembros del Ministerio Fiscal no pueden "pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones".
Críticas de la Asociación de Fiscales
La Asociación de Fiscales ha criticado la decisión de Sánchez de apostar por Delgado para el cargo y ha considerado pertinente que la exministra entregue el acta de diputada y renuncie a su escaño. "Si un fiscal no puede pertenecer a un partido, no creo que el Fiscal General del Estado pueda ser diputado del Congreso por un partido político", ha dicho a Vozpópuli la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus.
La Fiscal General del Estado tiene dependencia orgánica del Gobierno. Sin embargo, aunque es nombrada directamente por el presidente del Ejecutivo, cuenta con independencia funcional, por lo que -según el estatuto orgánico de los fiscales- Moncloa no pude dar órdenes al fiscal jefe. Al tratarse de un órgano jerárquico, Delgado tendrá la autoridad para dar instrucciones a los fiscales en lo relativo a los criterios para desarrollar las acusaciones del Ministerio Fiscal.
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