El PP ha ultimado el diseño del nuevo decreto del artículo 155 para la intervención de Cataluña. Será más duro y largo que el anterior y no contempla la inmediata convocatoria de elecciones, según fuentes del PP. Pablo Casado ha advertido de que no hablará ni de Franco ni del aborto durante su campaña. Sí lo hará de Cataluña, uno de los ejes de su programa electoral.
El equipo de Génova ya tiene preparadas las líneas maestras sobre cómo será este nuevo 155, cuya aplicación también se alienta desde Ciudadanos y Vox. Será al estilo del Ulster, comentan, una medida que el laborista Tony Blair impulsó en cuatro ocasiones durante su mandato. La última de ellas, en 2002, tumbó la autonomía de Irlanda del Norte durante cinco años.
Los populares consideran que Carles Puigdemont y Quim Torra mentendrán su política de desobediencia hacia el gobierno de la Nación. "No hay muestra alguna de que vayan a aceptar el ordenamiento jurídico", señalan estas fuentes. El propio Oriol Junqueras, en su declaración ante el Supremo de la semana pasada, no dudó en asegurar que no está arrepentido de su actuación y que volvería a intentarlo. Una bravata política, con tintes electoralistas, que evidencia cual es la actitud actual de los independentistas.
Férreo control
El nuevo 155 evitará errores del anterior, que tuvo que ser 'light' debido a las exigencias de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas pusieron como condición que no se interviniera TV3. El parido naranja reclamó la convocatoria inmediata de elecciones. Así se hizo. Un severo error, dicen en el PP. El nuevo 155 no tendrá inicialmente límites de tiempo. El redacto de este artículo, tal y como figura en la Constitución, es muy ambiguo y permite todo tipo de interpretaciones. Ha de ser el Gobierno de turno, con el respaldo del Senado, el que delimitará los términos de su aplicación.
Junto a la suspensión del gobierno de la Generalitat por parte del Ejecutivo central, el cese del 'president' y sus consejeros, así como la intervención de Tv3 y el férreo control de los Mossos d'Esquadra figura entre las decisiones que pretende adoptar el PP. También se impondrá un control más rígido en materia de Educación y de política penitenciaria. También se estudia la suspensión del 'Parlament', un asunto que Mariano Rajoy descartó en su día desde el primer momento. "Si no disolvemos la Cámara catalana, se reproducirían episodios similares a los vividos en los plenos del 6 y 7 de septiembre, cuando se probaron las leyes del referéndum y de desconexión".
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