Política

El PNV premia a un historiador que dice que el palacete de París es del Gobierno vasco y no del partido

Jean-Claude Larronde narra en un libro de 1997 la historia del inmueble: no fue financiado con fondos del partido.

  • El historiador Jean-Claude Larronde, en los premios Sabino Arana. -

Domingo 26 de octubre. Día grande para el PNV. Se celebran los premios Sabino Arana. Entre los laureados por su contribución con la sociedad vasca: el penúltimo lehendakari Íñigo Urkullu; el entrenador de fútbol Javier Iruretagoinea, el vicepresidente europeo Stéphane Séjourné y un historiador e investigador francés: Jean-Claude Larronde, especializado en nacionalismo vasco y autor del libro Exilio y Solidaridad de La Liga Internacional de Amigos de los Vascos. 

Se trata de una obra publicada en 1997 que recorre una etapa histórica que, ahora, con la polémica del decreto ómnibus del Gobierno reverbera en la agenda política española. La concesión, por la puerta de atrás, en un texto destinado a cuestiones tan trascendentales como revalorizar las pensiones, de un palacete en París para uno de los aliados clave de Pedro Sánchez no ha pasado por alto. Ni mucho menos. Ha sido uno de los asuntos más debatidos en la contienda partidista de las últimas semanas. 

El PNV, con esta maniobra, ve colmadas una de sus satisfacciones históricas: recuperar el inmueble en el que, durante la Guerra Civil española, se instaló el gobierno vasco en el exilio, que posteriormente fue expoliado por la Gestapo Nazi, devuelto al Estado español y ahora es una de las sedes del Instituto Cervantes en Francia.  

La tesis que siempre ha defendido el PNV es que le corresponde la propiedad del edificio, porque -según dicen los jetzales- se compró con las arcas de la formación a través de testaferros. Pero lo cierto es que, en reiteradas sentencias, tanto de tribunales franceses como del propio Tribunal Supremo en España, la Justicia ha dictaminado lo contrario. 

En ese sentido, el historiador premiado por el PNV, en el citado libro, arroja datos interesantes que conducen a una conclusión: si hay una institución que puede reclamar la propiedad del inmueble, esa es el Gobierno vasco. No el PNV. 

La versión de Larronde

La historia que relata Larronde es la siguiente: el caserón del número 11 de la Avenue Marceau, en el distrito XVI de la capital francesa, fue alquilado primero por Rafael Picavea, un católico fuerista que concurrió como independiente en las elecciones de 1931 y que, en 1936, se exilió al país vecino, donde fue nombrado delegado del Gobierno de Euskadi. 

Tiempo después, Mariano de Gamboa, vasco de nacionalidad americana, partidario del gobierno vasco y responsable de centralizar aportaciones económicas de los vascos que vivían en el continente americano, lo compró en nombre propio. La escritura se formalizó los días 8 y 9 de octubre de 1937 ante el notario Jean Betheuil. Finalmente, a comienzos de 1939, el Gobierno vasco decidió constituir una sociedad, Finances et Entreprises, que tomase a su cargo los bienes pertenecientes en suelo francés. Entre ellos, el palacete, que casi noventa años después pasará a manos del PNV por obra y gracia de Pedro Sánchez.

El primer decreto ómnibus que recogía la concesión fue tumbado por el Congreso de los Diputados. Y aunque el PNV dijo que, al haber estado la norma en vigor treinta días, ya se había formalizado la transacción, lo cierto es que el Ejecutivo ha vuelto a incluir la prebenda para sus socios en el nuevo texto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. 

Con este traspaso, la formación vasca engordará sustancialmente sus cuentas, además de incrementar su patrimonio con un inmueble valorado en 12 millones de euros. La intención del Gobierno es mantener en el palacete la sede del Instituto Cervantes, por lo que el PNV recibirá en torno a un millón de euros todos los años. 

El Partido Popular directamente cree que el PNV está incurriendo en un delito de financiación ilegal y ha anunciado que dará la batalla en los tribunales. Vox ha tomado la delantera y ya ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra el Consejo de Ministros, por malversación y prevaricación. Los populares tratarán de argumentar su acción judicial en que la única cesión posible del palacete es al Gobierno vasco. No al PNV. Tal y como indica el historiador premiado por Sabin Etxea. 

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