El pasado 15 de noviembre, durante su comparecencia ante las Cortes Valencianas, Carlos Mazón anunció el registro de una comisión de investigación en la Cámara autonómica para analizar "con luz y taquígrafos" todo lo sucedido antes, durante y después de la DANA más mortífera de la historia reciente de España, y para dirimir las consiguientes responsabilidades políticas. Y añadió: "Espero, como no puede ser de otra manera, que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación para analizar esta cuestión".
Semanas después, el PP movió ficha en el Senado, que controla con mayoría absoluta. Pero no hará lo propio en el Congreso de los Diputados. El motivo: "Ya hay una constituida", justifican en la dirección del partido en alusión a la iniciativa registrada en la Cámara Alta.
Desde Génova esgrimen que una comisión en el Congreso tendría "una vocación obscurantista". Porque, presumiblemente, quedaría al albur del Gobierno y sus aliados, que manejarían los hilos en función de sus intereses. "Ya hemos visto lo que ha pasado con la comisión del caso Koldo, que no está sirviendo para poner negro sobre blanco en la presunta corrupción del Gobierno en la etapa de José Luis Ábalos. ¿Hay previsión de que llamen a declarar a Pedro Sánchez? No".
Entretanto, desde la bancada popular añaden otros argumentos: que dar el visto bueno a esta comisión supone poco menos que "un suicidio" político. Porque se convertiría en un monográfico contra Mazón. "Seguro que no llamarían a Teresa Ribera, o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar". Mientras que para el Gobierno sería "una sesión de baño y masaje", toda la culpa recaería sobre un único actor político: el president valenciano. A fin de evitar el desgaste y sacudirse las presiones, los populares se aferran al Senado. "Ahí incorporaremos todo lo que ellos –el PSOE y sus socios- consideren oportuno para poder enriquecer la comisión".
El objetivo de esta investigación que ya está en marcha, según la cúpula popular, será la "búsqueda de información". Nada que ver con lo que creen que ocurriría en el Congreso, donde se han registrado dos peticiones fallidas por parte de Compromís, Sumar, Podemos, ERC y Junts, por un lado, y de Vox por otro. El PSOE, además, tiene previsto dar un paso al frente.
"A Vox ya se le dijo que tienen que presentarla dos grupos o un número suficiente de diputados. Y en el caso de la petición liderada por Compromís había un defecto de forma y pedía responsabilidades políticas a otra administración, cosa que nosotros no podemos hacer. La van a presentar de nuevo", explican fuentes próximas a la presidenta, Francina Armengol. Donde sí hay unanimidad entre todos los grupos para alumbrar la comisión es en las Cortes Valencianas. Aunque no hay consenso para llegar a un acuerdo sobre el formato.
El clamor de las víctimas: "Justicia"
Este jueves, Meri García, Yolanda Garrido y Maite Pagán hicieron un viaje de ida y vuelta a Madrid desde Valencia. Enfundadas en unas botas de goma y portando unas cajas de barro -símbolo de la mayor catástrofe natural de la historia de la Comunidad Valenciana-, se plantaron frente al Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo. Ellas, como otras tantas personas, perdieron a sus seres más queridos en las fatídicas riadas del 29 de octubre. Y han decidido aunar esfuerzos. "Han asesinado a mi familia", clamó Meri desde las escalinatas de la Cámara Baja. A su padre, Fernando, la última vez que lo vieron con vida fue agarrado a una valla de un colegio de la localidad de Catarroja. Esperando un rescate que no llegó. Diez días más tarde, hallaron su cuerpo en el lodo, inerte.
En las cajas de barro, Meri, Yolanda y Maite portaban decenas de miles de firmas. Las que han ido recabando a través de una petición pública en la página web Change.org. En total, llevan 105.718 rúbricas para “pedir responsabilidades a las instituciones competentes y responsabilidades penales por todos los fallecidos”. En resumen: “Pedimos JUSTICIA”, reza el texto, así, en mayúsculas.
Una de las principales reivindicaciones que trasladaron a los políticos fue la creación de una comisión de investigación en el Congreso, para aclarar todo lo ocurrido. “Las instituciones que debían protegernos nos dieron la espalda, nos dan igual los colores políticos, sólo queremos justicia, pedimos que pague quien tenga que pagar y que se abra ya una comisión de investigación”.
De momento, el principal grupo de la Cámara no apoyará esta iniciativa en la Cámara Baja. Hay dirigentes de peso que creen errática la estrategia. "A la larga, cuando se investigue en profundidad todo lo que sucedió, se va a demostrar que Mazón no tuvo tanta culpa", opina un alto mando del partido. La tesis de Génova es que, en el previo, el Gobierno fue negligente, porque no acometió las obras pendientes para prevenir la tragedia, y que en el posterior actuó con mala fe, porque rehusó tomar las riendas de la situación para eludir un posible coste político. Por eso, en el PP hay quien no quiere dar todavía por sentenciado a Mazón que, no obstante, representa a día de hoy un activo tóxico para Alberto Núñez Feijóo.
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