El viraje de Vox con el anonimato en redes: de votar a favor a considerarlo una "aberración" dictatorial

Las aproximadamente 30 horas que la Guardia Civil tardó en detener al asesino del niño Mateo en Mocejón (Toledo) sirvieron para que miles de usuarios en las redes sociales sacaran conclusiones precipitadas sobre la nacionalidad del autor, proyectaran bulos, atribuyeran a alguno de los 50 menores extranjeros no acompañados (menas) acogidos en un hotel de la localidad la autoría del crimen –y, por ello, animaran a una suerte de venganza callejera nacional– u orquestaran toda una campaña de acoso a su primo, erigido en portavoz de la familia, el periodista Asell Sánchez, por el mero hecho haber pedido precaución con el origen y religión del posible verdugo y rodado un programa de televisión sobre las misiones católicas en África.

Un festival de racismo paranoide que, más allá del lícito, candente y necesario debate sobre la inmigración irregular, no pivotaba sobre certeza alguna. La polémica ha avivado un debate que sólo el PP ha llevado a sede parlamentaria hasta la fecha: el de acabar con el anonimato en las redes sociales. No con el nick, el pseudónimo, el alias; sino con la ausencia de documentación a la hora de registrarse en una red social. Un extremo en el que, ahora sí, PSOE y PP parecen estar de acuerdo.

Para los socialistas supone un cambio de posición. También para Vox, que ha mostrado su rechazo frontal a una medida que considera que restringe la libertad de expresión. "La dictadura de Sánchez avanza al mismo ritmo que la estafa del PP", estima la formación de Santiago Abascal sobre el punto de encuentro entre los dos principales partidos. "Una aberración". No obstante, en abril de 2023, cuando se debatió y votó en el Pleno del Senado una proposición de ley para modificar la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico que el PP registró dos años antes y que contemplaba dicha medida, Vox votó a favor y la defendió con vehemencia desde la tribuna de oradores.

"Vivimos en un mundo en general y en una sociedad en particular en la que se han incrementado notablemente la gestión de datos personales, que quedan grabados en Internet, pese a lo cual no existe una normativa regulatoria sobre la autenticidad de los mismos. Esto está provocando la perfecta posibilidad de creación de perfiles falsos que persiguen fines ilícitos", comenzó su intervención la entonces portavoz de Vox en el Senado, ahora en el Congreso, Pepa Millán. Si bien centró su discurso en la ciberseguridad, la egabrense defendió la necesidad de "garantizar la titularidad real y lícita de los usuarios" por parte de las empresas proveedoras de servicios digitales.

"Desde Vox nos alegramos de que los grupos políticos utilicen su representación para traer aquellas cuestiones que de verdad afectan a los ciudadanos", celebró la propuesta Millán, defendida en la trinchera popular por Rafael Hernando, también diputado desde el 23-J. Lo hizo con un discurso perfectamente extrapolable a la situación actual, centrado en el problema que los perfiles falsos no identificados suponen a la hora de llevar a cabo una investigación judicial. Y en cómo la obligación de identificar a los usuarios supondría acabar con los bots.

También en el perjuicio que supone para los medios de comunicación debido a la proliferación de fake news y la "impunidad" que fomenta. Hernando citó plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch o TikTok. Empresas que, remarcó, han provocado "una enrome transformación social" y "están presentes a diario en nuestras vidas". Hernando, en conversación con Vozpópuli, saca pecho de los argumentos defendidos e insiste en la necesidad de una legislación que, a su juicio, "para nada" restringe la libertad de expresión sino que dotaría al debate público de seguridad jurídica.

Con 116 síes (PP, Vox, Junts y el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal), 123 noes y 17 abstenciones, la propuesta no siguió su camino legislativo. Olivia Delgado, la senadora socialista que tomó la palabra en la toma en consideración de la ley, justificó el no de su partido en que se trataba de una materia legislativa competencia de la Unión Europea. "Además, tengo que decirles que no hay ningún Estado miembro que esté proponiendo el fin del anonimato en Internet. Nuestra Carta de derechos digitales prevé la protección del pseudo anonimato, pero esto no implica de ninguna manera la impunidad", defendió.

El PP estudiaría una propuesta

Fue el fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, quien abrió la espita este miércoles poniendo encima de la mesa dos medidas: reformar el Código Penal para que los condenados por delitos de odio en redes sociales sean penalizados temporalmente y la citada obligación de que los usuarios se identifiquen a la hora de abrirse una cuenta. "Dos propuestas", exponen fuentes del PP, "de las que no tenemos su desarrollo, por lo que si se traslada a una propuesta legislativa habría que estudiarla con detenimiento y rigor".

No obstante, fue el portavoz adjunto de los populares en el Senado quien consideró las medidas "de sentido común". "No nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos", aseguró Antonio Silván minutos después de las declaraciones de Aguilar en la Cadena SER. Las redes sociales, remachó, "no pueden servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos".

Algo que completan fuentes del PP: "No queremos que tras lo sucedido quede sensación de impunidad porque lo que es delito en la vida analógica lo es también en la vida virtual". En 2021, los populares llegaron a plantear sanciones de entre 150.000 a 600.000 euros por los posibles delitos cometidos en redes o la suspensión durante dos años para aquellas compañías que incumplieran la obligación de registrar mediante DNI, Pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo la identidad de sus usuarios.