Bandera blanca en Moncloa. El Gobierno asume que 2024 será un año sin Presupuestos. Y el equipo de confianza de Pedro Sánchez tiene claro quiénes son los culpables: ERC y Yolanda Díaz. Los primeros, porque no han querido rebajar sus exigencias para lograr un acuerdo en Cataluña que diera luz a las cuentas de la comunidad, y la segunda, porque se ha demostrado estéril a la hora de hacer que En Comú Podem -integrado en Sumar- hiciera lo mismo y llegara a un acuerdo con Pere Aragonès. El resultado son unas elecciones que se celebrarán el próximo 12 de mayo y que dinamitan el arranque de legislatura de Pedro Sánchez.
El núcleo duro del presidente llevaba días trabajando en este escenario que, finalmente, se hace real. La campaña en Cataluña hará imposible cualquier acuerdo en Madrid, que pasará necesariamente por el concurso de ERC y de Junts. Las dos fuerzas independentistas se sumergirán en los próximos dos meses en una guerra sin cuartel. El Gobierno solo puede sentarse a mirar y prepararse para que el candidato del PSC, Salvador Illa, salga lo menos perjudicado posible. Hace días que los medios próximos al secesionismo apuntan directamente al exministro de Sanidad, salpicado por la trama del caso Koldo.
Precisamente ese uno de los grandes incentivos de los comunes, que ven en el bombardeo a Illa -el ganador de las últimas elecciones, en febrero de 2021- una oportunidad para crecer. "A nosotros también nos vienen bien estas elecciones", explica una fuente de peso en el partido. El problema es que este movimiento deja en evidencia a Yolanda Díaz. La líder de Sumar no tiene fuerza para imponerse desde el Gobierno a su aliado. Ella se escuda en la independencia que gozan los partidos que integran su coalición. Pero en Ferraz están cabreados con ella, porque piensan que no sirve para dar estabilidad al Gobierno del que es vicepresidenta segunda.
Puigdemont, ¿candidato?
Lo cierto, según las fuentes consultadas, es que tanto ERC como los comunes querían este adelanto. Los de Aragonès, porque piensan que con esta premura pueden desarticular una hipotética candidatura del expresidente Carles Puigdemont. Si no hubiera habido adelanto, las elecciones se habrían celebrado en febrero de 2025. Y para entonces era más que probable que Puigdemont, previsiblemente amnistiado, se hubiera podido pasear entre las masas para ser de nuevo presidente de la Generalitat. ERC intenta, así, desarticular a su archirrival que, no obstante, desliza que Puigdemont puede ser su candidato para el 12-M. Legalmente no hay que se lo impida. El problema es el tiempo de la amnistía.
La ley se aprobará, previsiblemente, este jueves en el Congreso. Pero después tendrá que pasar por el Senado, donde la mayoría absoluta del PP ya se prepara para bloquearla todo lo posible. Después volverá de nuevo al Congreso y de ahí pasará al BOE finalmente. Para entonces habrán pasado alrededor de dos meses. Es más, si se atiende al calendario, las elecciones ya se habrían celebrado. Y las candidaturas deberían haberse clarificado al Ministerio del Interior con antelación suficiente.
Junts sostiene que no pasa nada, que Puigdemont -que tenía idea de mantenerse en Bruselas como candidato para las europes de junio- puede volver como 'president' para una investidura justo tras los comicios. Pero en estos momentos nada garantiza que la operación llegue a buen puerto. Entre otros motivos, porque al final la aplicación de la medida de gracia depende de los jueces. El último cambio en la ley, que guía a los togados para ceñirse al derecho europeo en lugar de al código penal para los delitos de terrorismo, no garantiza que Puigdemont se salga con la suya.
La apuesta de Illa
El presidente Sánchez está convencido de que el PSC tendrá un muy buen resultado y podrá reabrir la negociación de los Presupuestos de 2025 con la disputa entre ERC y Junts más clara. Por eso, en Moncloa tampoco han sentido como un bombazo el nuevo reparto de cartas que los catalanes darán a los partidos. Sánchez confía en que la amnistía de sus frutos e Illa rentabilice la medida. Lo cierto es que el secretario general de los socialistas lo fía todo a una victoria de Illa lo suficientemente amplia como para poder apartar al independentismo del Palacio de la Generalitat por primera vez en 13 años, desde que el socialista José Montilla abandonó el poder.
La llegada del PSC al gobierno autonómico implicaría grandes beneficios para Sánchez, embarcado en un proceso de negociación con el independentismo en Madrid que le está acarreando grandes costes. No solo la amnistía, sino también todas y cada una de las cesiones que está aceptando dada su posición de debilidad en el Congreso de los Diputados. Sánchez considera que un 'president' del PSC rebajaría enormemente el coste del peaje que todavía tiene que pagar a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont para mantenerse a los mandos del país.
Moncloa se empeña en vender las concesiones y las fotografías que Sánchez se hará con ambos independentistas como un hecho "coherente" con el proceso de "normalización" política en esta comunidad. Aunque a nadie se le escapa que eso no es deseo de Sánchez, sino necesidad, como él mismo reconoce en público y en privado.
La fuerza del PSC
El PSOE arrasó el 23-J en Cataluña. El PSC, su partido hermano, le brindó la friolera de 19 escaños en Madrid. Los socialistas catalanes bebieron en gran medida del banco de votos que en su día aupó a Inés Arrimadas (Ciudadanos) a la estéril victoria que no pudo frenar el desembarco de un nuevo ejecutivo secesionista en San Jume. Pero hay una seria diferencia. El 24 de julio, un día después de las elecciones catalanas, el propio Illa rechazó tajantemente la amnistía y el referéndum.
Y ahora le toca defenderla. Los electores catalanes que entonces optaron por la papeleta del PSOE lo hicieron sin saber que Sánchez tramitaría la ley e intentaría que Carles Puigdemont, quien proclamó la independencia, fuera exonerado de todos sus delitos. Y eso es fundamental. Si las elecciones gallegas, las primeras tras la ley, fueron un golpe duro para el PSOE, las catalanas serán el test definitivo. Antes, el 21 de abril, se celebrarán las vascas. Pero el Euskadi es otro planeta políticamente.
La cabezonería de lo comunes, que reclamaban la retirada del proyecto de megacasino de Hard Rock en Tarragona, y del tándem ERC-PSC, que se han negado a retirar el apoyo a ese plan, deja a la coalición tocada. Y es que los comunes y el PSC son los representantes en Cataluña de Sumar y el PSOE, los dos aliados de la coalición. Moncloa intentó que Yolanda Díaz presionara a los comunes. Y Sumar también intentó que Sánchez presionara a Salvador Illa, líder del PSC, para que les ayudara a retirar el proyecto del casino para poder encontrar un acuerdo. Pero no fue posible. Los catalanes hablarán en las urnas.
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