El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, podrá presentarse a las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. De ganar, tendría que asumir su cargo como diputado y abriría camino a una serie de escenarios judiciales. Desde su defensa se arropan en la inmunidad parlamentaria, pero fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el acta se recoge en Madrid y que sobre el expresident pesa una orden de detención. Hasta ahora, no hay nada claro: todo depende de la interpretación que se realice del Estatuto del Parlamentario, del Reglamento del Parlamento Europeo y de la Ley del Régimen Electoral General.
El dilema tiene lugar después de que varios juzgados de Madrid hayan acordado que el líder de Junts per Catalunya (JxCat) y los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín participen en los comicios del 26 de mayo, pese a estar huidos de la Justicia española. Una decisión que llega después de que recibieran el auto del Tribunal Supremo en el que -aunque les remitía el caso- ya insinuaba su postura.
"Vendría con la inmunidad"
La sentencia de los magistrados de Madrid contradice la voluntad de la Junta Electoral Central. "Lo que están haciendo es reconocer que desde un primero momento teníamos razón", insiste el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
Con la interpretación que hace el letrado, el expresidente catalán podría viajar a España sin problemas para retirar su acta de diputado porque estaría blindado desde el momento en el que le comuniquen los resultados electorales. "Ya vendría con la inmunidad parlamentaria", asegura a Vozpópuli, por lo que, a su juicio, no le afectaría la orden de detención que pesa en su contra.
Según el Estatuto del Parlamentario del Congreso de los Diputados, la inmunidad "protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad". Con ello se pretende evitar que "por manipulaciones políticas" se impida al diputado asistir a las reuniones parlamentarias y se altere "indebidamente" el funcionamiento de la Cámara.
Sin embargo, el Parlamento Europeo deja claro en su reglamento que dicha inmunidad no es un privilegio personal de los representantes públicos, sino una medida para garantizar el ejercicio del mandato democrático "sin ser objeto de persecución política arbitraria". De hecho, subraya que solamente afecta a la "actividad parlamentaria" del eurodiputado y no otras actividades de su "vida privada".
Detenido y liberado
Desde la Asociación Jueces para la Democracia hacen hincapié en el dictamen del servicio jurídico que estableció la Cámara europea a mediados de abril. "Allí se señala que la inmunidad parlamentaria solo se tendrá desde la constitución del Parlamento", apunta el portavoz Ignacio González. En concreto, el comunicado hace referencia a la normativa española e indica que los diputados elegidos el próximo 26 de mayo no gozarán de inmunidad hasta que busquen su acta en el Congreso de su país.
Según el artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral General, los 'ganadores' cuentan con un plazo de cinco días desde su proclamación para "jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central". Dicha procedimiento se realiza personalmente en la calle madrileña de Zorrilla, en el Congreso de los Diputados. De no asistir, se declarará vacantes los escaños.
El representante de Jueces para la Democracia advierte de que legalmente una vez que esté en Madrid Puigdemont "sería detenido y puesto a disposición oficial". Sin embargo, baraja una tercera vía. "Puede ser aprehendido y luego obtener la razón de los tribunales españoles y asumir su cargo de diputado", indica el González tras asegurar no se trata de un caso definitivo.
Bruselas por Madrid
Aunque insiste en que la normativa establece que la recogida del acta tiene que ser en territorio español, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, anticipa que el líder de JxCat podría alegar que, al ser representante del Parlamento europeo, jurará su cargo en otro país de la Unión Europea.
"Estas cosas no están claras en las ley. Unos dirán una cosa y otros otra. Al final todo esto lo tendrá que resolver el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto lo va a tener que resolver un tribunal que represente a todos los europeos", asegura Prado.
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