El 1 de abril el Comité Electoral del PSOE puso en marcha un sistema de microcréditos para recaudar 30 millones de euros entre sus afiliados y simpatizantes -al 2% de interés- porque "estamos encontrando muchas dificultades para conseguir la financiación electoral necesaria"”, reconocía la Ejecutiva Federal según un documento interno desvelado al día siguiente en El País.
Pues bien, según ha podido saber Vozpópuli, ese eufemismo socialista lo que esconde es un portazo bancario con el que también se ha encontrado el PP; no digamos el resto de partidos, mucho menos fiables en cuento a devolución del crédito porque sus resultados serán más inciertos a la luz de las encuestas.
"Situación preocupante" para dos 'trasatlánticos' políticos como son PSOE y PP, admiten las fuentes consultadas, porque en el plazo de dos meses tienen que hacer frente a dos elecciones 'generales': las del 28 de abril a Congreso y Senado, pero, sobre todo, las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo con miles de candidatos a su cuenta.
El dinero, en otoño de 2019
Y lo que es seguro es que la burocracia del Estado no les va a abonar el dinero a cuenta hasta bien entrado el otoño de 2019, y que la liquidación de ambos procesos electorales en función de los resultados, llegará como pronto en 2020.
La desaparición del Banco Popular y de los Valls Taberner, que durante toda la Transición ejercieron de 'mecenas' de la política, es clave en la actual situación.
La desaparición hace un año del Banco Popular, y antes de su histórico presidente, Luis Valls Taberner, que desde la llegada de la Democracia centralizó en nombre de la Asociación Española de Banca (AEB) la negociación con los partidos de la pignoración -adelanto a cuenta-, conlleva que nadie quiera hacerse cargo. Porque en algunos casos el riesgo de impago es alto.
Valls presumía, cuando negociaba con los viejos dirigentes del PP (Manuel Fraga), PSOE (Alfonso Guerra) y el PCE (Santiago Carrillo y luego Julio Anguita), de tener sus propias encuestas. No se fiaba de las provenientes del ámbito político porque cada cual arrimaba el ascua a su sardina en cuanto a pronósticos de diputados.
En los fallidos presupuestos generales del Estado 2019, sin contar con las elecciones generales que posteriormente convocó Pedro Sánchez, el Gobierno había destinado 69,5 millones de euros a las elecciones municipales y europeas -las autonómicas tiene subvención propia de cada comunidad-.
Y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó recientemente las subvenciones estatales: 21.168 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado, más 0,81 euros por cada voto al Congreso y 0,32 euros por cada voto al Senado. El buzoneo, o envío de publicidad electoral, también se subvenciona: 0,21 euros por elector (si el partido consigue formar grupo).
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