Los 'viernes sociales' tienen los días contados. El Gobierno, que pretendía inundar la precampaña electoral con la aprobación de innumerables Decretos Ley, ha tomado nota de la avalancha de críticas y estudia en estos momentos poner freno a esa estrategia de tintes electoralistas.
Según indican fuentes gubernamentales a Vozpópuli, el Ejecutivo baraja aparcar buena parte de las iniciativas previstas para las próximas semanas, en especial aquellas que tenían que ver con la contrarreforma laboral y con una nueva oferta de empleo público.
Sí se prevé que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante este próximo viernes un último Decreto Ley con medidas de corte social, que podrían suponer la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, el incremento de las ayudas para familias pobres y la reducción de las cotizaciones de los trabajadores agrarios por cuenta ajena.
La decisión del Ejecutivo de limitar los Decretos Ley ha llegado después de las críticas generalizadas por parte de los partidos de la oposición, que consideran electoralista presentar proyectos cuando las Cortes están disueltas y, por tanto, las nuevas normas no pueden ser enmendadas.
Críticas de la oposición
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció el pasado lunes que denunciaría ante la Junta Electoral Central (JEC) cualquier decreto que el Gobierno apruebe con las Cortes disueltas, al entender que se trata de una acción propagandística que escapa de la urgencia que requiere constitucionalmente el uso de la figura del decreto ley. De hecho, fuentes populares no descartan incluso acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Además, este martes se ha sabido que la mesa del Congreso de los Diputados ha pedido un informe jurídico a los letrados de la Cámara para saber cómo hay que actuar cuando lleguen los decretos aprobados por el Gobierno, ya que con el Parlamento disuelto deberán ser abordados por la Diputación Permanente.
Esa Diputación, integrada por 35 diputados de forma proporcional a la representación en el conjunto del Congreso, en teoría sólo podrá convalidar o rechazar cada decreto, sin posibilidad de enmendarlo o debatirlo en detalle.
Sin embargo, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reconocido que ha pedido a los letrados que aclaren si la Diputación podría enmendar un decreto ley, ya que diversos grupos parlamentarios así lo han solicitado.
Campaña electoral
En cualquier caso, el Gobierno no quiere que la campaña electoral se vea enturbiada por posibles trabas a la tramitación de sus decretos, ya sean por parte de la JEC, el TC o el propio Congreso, por eso se inclina por dar marcha atrás en su plan inicial.
De esta forma, la contrarreforma laboral, por ejemplo, tendrá que esperar a la próxima legislatura. "Un proyecto de tanta envergadura no puede aprobarse de esta manera", reconocen desde el Ejecutivo.
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