El Partido Popular y Vox ignoran a los denunciantes de corrupción. O al menos, es lo que se desprende de los programas electorales presentados por ambos partidos de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril.
La palabra corrupción ni siquiera aparece a lo largo del programa presentado por la candidatura de Pablo Casado. Sí las palabras "transparencia" y "regeneración", aunque ninguna de las medidas recogidas al respecto apunta a proteger a los denunciantes de corrupción, sino más bien a dotar de los recursos "suficientes" al Tribunal de Cuentas y "fortalecer" el Consejo de Transparencia.
En el caso de los de Santiago Abascal, hay una referencia a la "transparencia" ligada a limitar el fenómeno de las puertas giratorias y agravar las penas a los delitos ligados a la corrupción, pero nada se dice de los denunciantes. "La corrupción forma parte de la naturaleza humana y habrá corrupción en todos los partidos", ha llegado a decir Abascal para luego esgrimir que su partido cree "en la presunción de inocencia" y por eso "no pide la dimisión de imputados".
Sí en los demás programas
Sí aparece en el programa del PSOE una propuesta de ley integral contra la corrupción que ha de incluir la protección a los denunciantes.
"Una ley que colme las carencias materiales y personales de los sistemas de protección vigentes, reforzando la protección de los denunciantes de casos de corrupción, protegiéndolos de intimidaciones y represalias y preservando los datos personales de las personas protegidas para evitar su publicidad o difusión. La Ley también introducirá las disposiciones de la directiva europea para la protección de los denunciantes, actualmente en tramitación", precisan los socialistas.
Unidas Podemos promete por su parte un "plan nacional contra la corrupción" que incluye la creación de una entidad que vele directamente por los denunciantes.
"El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien", reivindica el partido de Pablo Iglesias.
El proyecto de Cs, estancado en el Congreso
Ciudadanos, por su parte, promete una "una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción. Protegeremos a todas las personas que denuncien casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de Integridad Pública para erradicar la corrupción, fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación responde al interés general".
La formación de Albert Rivera reivindica en paralelo ser el partido que presentó el proyecto de Ley contra la corrupción que lleva un año y medio encajonado en el Congreso por las casi 400 enmiendas presentadas por los demás partidos. Desde el grupo naranja se ha cuestionado la diligencia a la hora de actuar del presidente de la Comisión que supervisa la tramitación del proyecto de ley, el popular Jesús Posada.
Los denunciantes aseguran que el PP es el único grupo del Congreso con el que no han mantenido reuniones
La demora en que la nueva legislación se haga efectiva provoca en cualquier caso que las propuestas electorales suenen literalmente a "propaganda" de los partidos para la comunidad de denunciantes, que se manifestarán este 22 de abril a las puertas del Congreso para exhibir su malestar y reclamar la aprobación "urgente" de una protección por la que se movilizan en conjunto desde 2016.
El grupo, de al menos 100 personas en toda España (estiman igualmente que hay en verdad un denunciante por cada unidad de administración, y con "muchos millones de euros en juego"), se ha vertebrado a raíz del "calvario" laboral, económico y psicológico que llevan viviendo durante años tras sus denuncias. Con motivo de la proyectada nueva ley contra la corrupción, aseguran haber mantenido reuniones con representantes de los todos los grupos del Congreso excepto el PP pero reivindican ahora el voto nulo para no favorecer a ningún partido, ya que entienden que ninguno "les defiende por un interés real y puro".
Premiar a los denunciantes es rentable
Su única esperanza, insisten, pasa por la reciente directiva europea de protección a denunciantes de corrupción, fraude y evasion fiscal, en la que se fijan las bases para un protección psicológica, jurídica, laboral y hasta policial frente a los "riesgos" de denunciar. El Gobierno español, claro está, tendrá que concretar la directiva, a qué denunciantes se protege, bajo qué condiciones y cómo.
El portavoz de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, cita el ejemplo de EE.UU., donde se premia a los denunciantes con parte del dinero que ayuden a aflorar, como un ejemplo del potencial beneficio económico de proteger a los denunciantes para el Estado. La 'CNMV' estadounidense, la SEC, gastó entre 2012 y 2018 326 millones de dólares en premios a 59 denunciantes que permitieron aflorar para el Estado 1.700 millones.
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