Política

El hijo de Morodo recurrió a testaferros de Panamá tras dejar la Embajada de Caracas

Alejo Morodo facturó 3,8 millones con una empresa opaca a la petrolera venezolana PDVSA, por lo que fue arrestado el pasado lunes junto a otros tres implicados en la trama de blanqueo

Alejo Morodo Cañeque, el hijo del embajador de España en Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno, constituyó una empresa opaca en Panamá pocos meses después de que su padre, Raúl Morodo, cesara como máximo responsable de la legación de Caracas. Se trata de la sociedad de carácter opaco denominada Furnival Barristers Corporation, que en su creación contó con la firma de tres presuntos testaferros de nacionalidad panameña, según la escritura notarial a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Con esta empresa, representada por hombres de paja que cobran pequeñas sumas por aportar su nombre y esconder el de los auténticos dueños de la firma, el hijo del embajador Morodo se lanzó a cobrar comisiones de la empresa pública que ha sido el buque insignia del chavismo, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según la investigación realizada por la Fiscalía anticorrupción.

No fue hasta 2016, ocho años después de crear la empresa off shore en Panamá, que Alejo Morodo apareció como responsable de la empresa, tal y como consta en el registro notarial en el que se da cuenta de una asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Furnival Barristers Corporation, en la que el hijo del exembajador es nombrado presidente y secretario de la compañía.

3,8 millones

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a Alejo Morodo Cañeque, acusado de haber percibido 3,8 millones de euros de la petrolera venezolana, utilizando para ello la empresa panameña. También fue arrestado el ciudadano venezolano Carlos Prada y la mujeres de este y la de Alejo Morodoquienes habrían ayudado a blanquear las mordidas.

En esta causa también está imputado Raúl Morodo, persona que durante su periplo en Venezuela y Guyana logró entablar una buena relación con el presidente fallecido Hugo Chávez. Las pesquisas desarrolladas por los agentes españoles están centradas en los cobros realizados por el hijo del diplomático entre 2008 y 2013. En este último año, en concreto, el 5 de marzo de 2013.

Acta notarial de la empresa Furnival Barristers Corporation (Panamá).

La Policía ha descubierto en las cuentas bancarias de los implicados decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de "asesoría jurídica"; en concreto, para promocionar a PDVSA en Europa, con especial foco en España y Portugal, país en el que Morodo también fue embajador. Tras las pesquisas, los agentes han concluido que se trataría de conceptos simulados y que los imputados nunca prestaron servicio alguno a la estatal venezolana, según la información adelantada por El País y El Mundo

La empresa fundada en Panamá -Furnival Barristers Corporation- disponía de una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra (Suiza), que según El Mundo, libró facturas a la petrolera venezolana mediante el bufete madrileño de Morodo: Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.

Chávez y Maduro

El máximo responsable de PDVSA en el periodo de tiempo en el que el hijo del exembajador español cobró las mordidas era Rafael Ramírez, uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez, ahora fugado en Italia, según la denuncia presentada por una comitiva de la Asamblea Nacional liderada por los opositores a Nicolás Maduro.

La Fiscalía venezolana, tal y como informó este periódico, investiga a varios excargos venezolanos, uno de ellos el propio Ramírez, por sus supuestos vínculos con una red corrupta denominada Grupo Salazar. El presunto cabecilla sería el empresario Diego Salazar, primo de Ramírez, quien formaría parte de la trama de exviceministros y testaferros de políticos del régimen de Chávez y Maduro que saquearon PDVSA para llevar su dinero a bancos en Andorra.

Fuentes del caso han explicado a Vozpópuli que las pesquisas se circunscriben únicamente a los pagos de la petrolera, por lo que rechazan que la Policía esté investigando la venta de armamento de España a Venezuela durante los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Las mismas fuentes especifican que del resultado del análisis de la documentación obtenida en los registros del lunes podría haber nuevos imputados.

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