La decisión del PSOE de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de una enmienda introducida en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial ha recuperado una práctica, la de retocar normas a través de otras con las que no guardan relación, que ha sido habitual en el Parlamento desde hace años.
Durante los diferentes gobiernos de PSOE y PP, ambos partidos han recurrido a esta 'triquiñuela' procedimental, bien en el Congreso o en el Senado, lo que han considerado justificado cuando estaban en el poder y una maniobra tramposa cuando eran oposición.
La vía más frecuente empleada para 'colar' medidas fue la Ley de Acompañamiento, donde se recogían normas que complementaban los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
De González a Sánchez
Esta especie de cajón de sastre fue creado por el Gobierno de Felipe González cuando aprobó las cuentas de 1994. Dos décadas después, nada más llegar al Palacio de la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero decidió suprimirla para acabar con el "uso y abuso" que se había hecho de ella.
En 1999, con José María Aznar en el Gobierno, el PSOE decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de ese año, cuando Josep Borrell, ahora ministro de Exteriores, era el candidato socialista a la presidencia del Ejecutivo.
Los socialistas volvieron a presentar recurso en 2000, 2001 y 2003, en todos los casos molestos porque el PP introdujera varias decenas de normas ajenas a los presupuestos, como el que una sociedad participara a la vez en televisiones estatales y locales o autonómicas.
En septiembre de 2011, el TC se pronunció sobre el recurso del PSOE de 1999 y avaló que la ley paralela a los presupuestos pudiera incluir medidas de todo tipo, ya que la Constitución no impedía al legislador dictar normas multisectoriales o con un contenido heterogéneo.
Sin embargo, dos meses antes, el Constitucional también resolvió un recurso impulsado por los socialistas en 2003 por la decisión del PP de reformar el Código Penal para castigar la convocatoria ilegal de referendos, en pleno debate sobre el plan soberanista del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe.
Los populares introdujeron este castigo a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje.
En su dictamen, el TC dio la razón al PSOE y anuló la medida del Gobierno de Aznar por entender que no había conexión con el proyecto enmendado.
Es ahora el PP el que se apoya en aquella resolución para quejarse de la argucia socialista para sacar adelante la Ley de Estabilidad con el fin de intentar aprobar los presupuestos de forma rápida.
Los de Pedro Sánchez replican que entre 2011 y 2016, con Mariano Rajoy en el poder, el grupo popular promovió una veintena de enmiendas que no casaban con las leyes en las que pretendía añadirlas, como una de reproducción asistida en la norma de información del sector público.
Entre reproches
Aunque PP y PSOE se han reprochado mutuamente el uso reiterado de enmiendas incorporadas a leyes de otro ámbito, en ocasiones se han unido para emplear a este truco.
Así lo hicieron en 2011, cuando el Senado aprobó una reforma pactada por los dos partidos mayoritarios para prohibir el derecho de manifestación de los guardias civiles con una enmienda a la Ley de Contratos Públicos de Seguridad y Defensa.
Un año antes, PP y PSOE también se aliaron para cambiar la duración del mandato de los magistrados del TC y para ello contaron con la complicidad de CiU, que fue el que presentó una enmienda a la reforma electoral sobre la papeleta del Senado.
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