Más Madrid, partido impulsado por Manuela Carmena e Íñigo Errejón que hace tan solo seis meses aprobó un protocolo municipal contra el “acoso sexual” que planteaba elevar a los tribunales casos con "indicios de manifestación penal", prefiere de momento no denunciar el supuesto acoso sexual en el que está involucrado uno de sus exediles, Pablo Soto. Lo hace después de contratar a una experta que falló de manera "contundente" contra Soto, y en un momento delicado de campaña electoral para Errejón. El grupo municipal de Más Madrid afirma que “solo la víctima” puede presentar la denuncia.
El terremoto de Pablo Soto amenaza con dañar la imagen del partido de Errejón. Así que Más País, matriz de Más Madrid, ha ordenado a los suyos apagar la polémica antes de que salpique a la formación. Una postura incongruente con la respaldada por el Gobierno de Carmena, del que formaba parte Soto, y que en el pasado abril lanzó un “protocolo”, al que ha tenido acceso Vozpópuli, contra el acoso sexual que planteaba “elevar al plano jurídico y sancionador” las denuncias internas, mostrando "absoluta intolerancia ante estas conductas”.
Indicios contundentes
El pasado martes, Soto difundió en las redes un comunicado en el que de facto negaba haber acosado sexualmente a una compañera de su partido. El edil apuntó a algo parecido a un desliz, tal vez verbal, en un momento de embriaguez. Pero Más Madrid sostiene todo lo contrario. Recalca que el partido contrató a una mediadora que escuchó a ambas versiones y decidió que se trataba de acoso. "Ante la contundencia de los hechos allí descritos procedimos a pedir la dimisión inmediata del concejal", afirmó la portavoz Rita Maestre.
Entonces, ¿por qué no denunciarlo ante los tribunales? Oficialmente, el partido de Errejón alega que el partido no puede hacerlo, porque la responsabilidad corresponde a la Fiscalía y a la propia denunciante. “Así está establecido”, argumentan. Esa versión sin embargo ignora un dato: que el grupo municipal de Más Madrid, liderado por Rita Maestre, podría tomar cartas en el asunto.
A nivel municipal existen antecedentes jurídicos que demuestran ese extremo. Es más, en el pasado abril, en precampaña electoral, el gobierno de Carmena aprobó un protocolo municipal para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual destinado a todos los empleados y los organismos del Consistorio. El protocolo aspiraba a dirimir los procedimientos de manera rápida; contemplaba actuaciones “de forma preventiva” y, en el caso de un “desistimiento del o la denunciante”, abría “de oficio” a que “la investigación debe continuar si se detectan indicios de acoso”.
"Castigo penal"
El enfoque general del documento aprobado en Junta de Gobierno durante el mandato de Carmena contemplaba "absoluta intolerancia ante estas conductas, para que quien acose reciba el castigo disciplinario y/o penal que proceda para evitar las reincidencias". Dicho protocolo detallaba que la Gerencia de la ciudad podía nombrar un responsable de peritaje, salvaguardando la el anonimato de la víctima. Y que una comisión técnica, formada por representantes sindicales y otros miembros, elevaría el asunto ante los tribunales en el caso de detectar “indicios claros” de acoso.
Así rezaba el documento: “En aquellos casos en que se tengan indicios claros de manifestación penal del acoso sexual (art. 184 Código Penal) se dará cuenta al Ministerio Fiscal de la situación producida”.
NO ES NO. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez.
— Rita Maestre ? (@Rita_Maestre) October 8, 2019
Silencio de Carmena
En la investigación sobre Soto, Más Madrid desarrolló una investigación interna que, como dijo Maestre, detectó indicios "contundentes" de acoso. De tal manera que la decisión de no acudir a los tribunales solo puede tener cabida en una estrategia de Errejón de evitar que el 'caso Soto' se convierta en un asunto judicial. La apertura de un juicio, de hecho, obligaría a Soto a declarar ante un juez como imputado. El magistrado podría pedir también que otros dirigentes de Más Madrid hablen como testigos. “Ese desfile sería muy contraproducente [para la campaña]”, admiten fuentes de Más País.
Hasta ahora, solo Marta Higueras y Rita Maestre han censurado públicamente la situación. “No es no”, ha sido el mensaje de las dirigentes. Pero no han pedido una investigación judicial. Ellas son, con otros dos miembros destacados del partido, las únicos que conocen la conclusión del informe interno de la experta contratada, como adelantó El Mundo. Mientras, la exalcaldesa y exjuez, que ha hecho del feminismo y la lucha contra el abuso machista una de sus banderas, y que fichó a Soto como concejal de Transparencia, guarda religioso silencio.
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