El PSOE lo ha vuelto a hacer, los socialistas disponen de más tiempo para desencallar las negociaciones con Junts sobre la proposición de ley de la amnistía con el visto bueno de la Mesa del Congreso. El órgano presidido por Francina Armengol da a la Comisión de Justicia hasta el próximo 7 de marzo para emitir un nuevo dictamen sobre la ley estrella de Sánchez, lo que ha provocado una "gran indignación" entre algunos de sus miembros.
Según detallan a Vozpópuli fuentes parlamentarias, la reunión de este martes, que ha durado casi dos horas, se ha extendido más de lo normal y ha estado presidida por "la orden y mando" de la mayoría del Gobierno de coalición que ha desoído las reclamaciones de los populares. Los de Feijóo denuncian que la decisión de la Mesa atenta contra el Reglamento del Congreso.
PP y Vox entienden que al tramitarse una proposición de ley por el procedimiento de urgencia todos los plazos deben reducirse a la mitad y, por tanto, en este caso no habría cabida para la aprobación de prórrogas. De modo que, tras el primer plazo otorgado por la Mesa del Congreso el cual caducaba este miércoles, la Comisión de Justicia presidida por el socialista Francisco Lucas Ayala tendría que haber emitido ya un nuevo dictamen.
Varios miembros de la mencionada comisión califican de "vergonzoso" y de "tomadura de pelo" las últimas decisiones de la Mesa del Congreso. Mientras tanto, los socialistas se apoyan en el artículo 131 del Reglamento del Congreso para renunciar a la tramitación de urgencia y agotar el plazo de treinta días recogido por el mismo. En consecuencia, PSOE y Sumar se acogen a lo escrito en el artículo 91, por el que la Mesa puede prorrogar o reducir dichos plazos.
PP y Vox reclaman que la amnistía no tenía que volver a la Comisión
Fuentes de la Comisión de Justicia recuerdan otras ocasiones en las que el órgano presidido por Armengol a actuado "a favor de los intereses de los socialistas" durante esta legislatura. PP y Vox sostienen que la ley de amnistía debió decaer tras ser rechazada por la mayoría del pleno del Congreso, al haber recibido más votos en contra que a favor en el Pleno del pasado 30 de enero. No obstante, la Mesa del Congreso rechazó la solicitud presentada por ambos grupos en la que reclamaban la nulidad de la decisión de Armengol por la que la norma volvía a la Comisión de Justicia.
"Autorizan una prórroga de 15 días cuando no hace demasiado se nos negaron trámites por los que nosotros pedimos que se le diera traslado a la Comisión Constitucional de un texto de amnistía sobre el que, incluso los letrados (de la Comisión de Justicia) han dicho que lo propio era una reforma constitucional", denuncian desde Vox. "Esto es una gran tomadura de pelo", añaden fuentes del PP.
Europa se interesa por las aristas de la tramitación
Las voces discrepantes denuncian "las continuas violaciones del Reglamento del Congreso" por parte del PSOE y sus socios, que se han empeñado en exprimir al máximo los límites de una tramitación "a medida". Las mismas fuentes recuerdan el interés público que la Comisión de Venecia mostró por los detalles de la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso.
Los expertos europeos se interesaron durante la reunión que mantuvieron con los miembros de la Comisión de Justicia por la elección de los de Sánchez de tramitar la norma a través de una proposición de ley de un grupo parlamentario, que no necesita informes del Consejo Fiscal o el del CGPJ, en lugar de hacerlo mediante un proyecto ley, reservado para el Gobierno.
Para acreditar las supuestas irregularidades que denuncian los de Feijóo y Abascal sobre esta cuestión, fuentes de Vox confirman a Vozpópuli que el grupo ya ha hecho entrega a la Comisión de Venecia de un extenso dosier donde se abordan estas y otras cuestiones de fondo sobre la amnistía. Entre otras, el partido señala la negativa de la Comisión de Justicia de aceptar la comparecencia de expertos en la materia para discutir sobre la constitucionalidad de la norma.
A la espera del informe de los juristas europeos, Junts y ERC cuentan con dos semanas más para intentar que Sánchez incluya sus exigencias en la amnistía. Los independentistas batallan por conseguir eliminar cualquier alusión al terrorismo en el apartado de exclusiones en el texto.
Eliminar el delito de terrorismo
Mientras tanto, el PSOE sigue enrocado en no dar ni un paso más por el temor de que Europa tumbe la norma. El Gobierno cierra la puerta, por el momento, a incluir nuevas enmiendas transaccionales tal y como exige Junts. Los socialistas ofrecen a los independentistas catalanes una segunda vía, modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El plan pasa por otorgar más peso a los fiscales a la hora de solicitar prórrogas en los plazos de instrucción y evitar que los jueces dilaten las diligencias de un caso. En este caso, para evitar que el magistrado García Castellón o el juez Joaquín Aguirre sigan ampliando la instrucción del caso Tsunami -por el que Puigdemont se enfrenta a un delito de terrorismo- y a la causa seguida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, que busca esclarecer las conexiones del expresidente catalán y varios investigados con Moscú.
Por el momento, lo único claro -a la espera de que se convoque una nueva reunión de la Comisión de Justicia- es que la ley de amnistía no saldrá del Congreso como mínimo hasta el próximo 14 de marzo. Tras el cierre del nuevo plazo marcado por la Mesa para el próximo 7 de marzo, día en el que la Comisión debe presentar un nuevo dictamen, la ley debe ser aprobada por la mayoría del Pleno.
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