El Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Púmpido ha ido estimando uno a uno los recursos de amparo de condenados por los casos ERE en sentencia firme. La mayoría progresista del TC ha anulado la condena de seis años de prisión por el caso de los ERE que el Tribunal Supremo confirmó para el expresidente socialista José Antonio Griñán; y también la condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, entre otros. Una serie de decisiones con las que el PSOE está pergeñando una nueva dialéctica: el caso ERE -el mayor caso de corrupción pública de nuestra historia con 600 millones desfalcados- fue un invento para quitar a los socialistas del Gobierno de Andalucía.
Vox ha movida ficha y se ha querellado contra Cándido Conde-Pumpido y los magistrados socialistas del TC por delitos de prevaricación en estas decisiones. Vozpópuli ha accedido en exclusiva al texto de la querella interpuesta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde la formación de Santiago Abascal solicita la suspensión cautelar de los magistrados de sus funciones y declarar la nulidad de todas las sentencias estimatorias de los recursos de amparo de los condenados por el caso ERE.
Las diligencias solicitadas por la letrada de Vox, Marta Castro, incluyen que se requiera al Tribunal Constitucional testimonio de las actuaciones íntegras en relación a los diferentes recursos de amparo; que se tome declaración a los magistrados que emitieron votos particulares; y que se cite como investigados a Cándido Conde-Pumpido y los magistrados que votaron a favor de estimar los recursos de amparo.
Estos magistrados son el ex ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, y los magistrados María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y Laura Díez.
Los argumentos de Vox contra Pumpido
En primer lugar, Vox argumenta en la querella que los recursos de amparo en cuestión fueron admitidos a trámite a pesar de que más del 75 % de estos recursos son inadmitidos, como figura en la Memoria del TC de 2022. También muestra su extrañeza por la celeridad con la que han siendo resueltos (en menos de dos años).
Considera, además, que el Tribunal Constitucional está excediendo sus competencias y suplantando al Tribunal Supremo al admitir estos recursos de los ERE. La querella recoge en este sentido el voto particular de uno de los magistrados del TC, César Tolosa, que indica cómo la sentencia "ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley". "Puede afirmarse con rotundidad que son los criterios adoptados por la sentencia de la mayoría los que adoptan pautas de razonamiento extrañas a la conformación del Estado de Derecho y al sometimiento de los poderes públicos al imperio de la Ley, que difícilmente serán aceptadas por la comunidad jurídica".
Otro de los argumentos de peso que maneja la querella es que Conde-Pumpido debería haberse abstenido en el fallo sobre estos recursos, al igual que varios magistrados que fallaron a favor de los mismos. El mismo Conde-Pumpido se abstuvo del caso de los ERE el 8 de septiembre de 2014, cuando ejercía como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por haber desempeñado el cargo de fiscal general del Estado. "Determina necesariamente una participación, aunque sea indirecta, en la tramitación del asunto, que aconseja la abstención en esta fase jurisdiccional posterior para garantizar la más absoluta imparcialidad del Tribunal", apuntaba entonces el ahora presidente del TC. En esta ocasión, sin embargo, Conde-Pumpido ha optado por no abstenerse, lo que motiva la nulidad de las sentencias según Vox.
La letrada de Vox infiere que además del propio Cándido Conde-Pumpido, otros miembros del Tribunal Constitucional han optado por no abstenerse cuando igualmente "podrían incurrir en diversas causas de incompatibilidad tanto por sus vínculos con el gobierno de Manuel Chaves (caso del ex ministro Juan Carlos Campo, que fue alto cargo suyo), como por haber dictado resoluciones vinculadas a la causa en anteriores diligencias (María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano e Inmaculada Montalbán)".
Relaciones de los magistrados con el PSOE
La querella desarrolla de manera minuciosa los múltiples vínculos con el Partido Socialista de los magistrados que han anulado las sentencias del Supremo a políticos del PSOE andaluz. "A pesar de las disposiciones de la LOTC en materia de garantía de independencia e imparcialidad, el fallo del Tribunal Constitucional proviene de la mayoría de magistrados con relación directa con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), existiendo un manifiesto conflicto de intereses, y en consecuencia no cumplieron con su deber de abstención, pues condenados y recurrentes han sido miembros del mismo partido político o han estado estrechamente vinculados".
El presidente del TC, Conde-Pumpido, fue nombrado fiscal general del Estado en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, fue propuesto y elegido como magistrado del TC en 2017, y en 2023 fue nombrado presidente del Tribunal, con el apoyo del resto de miembros con la misma significación política.
La vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, fue propuesta por el PSOE para su nombramiento como magistrada de este órgano en 2021. Anteriormente, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Juan Carlos Campo fue ministro de Justica de Pedro Sánchez y Laura Díez trabajó como directora de gabinete del Ministerio de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
María Luisa Balaguer y Ramón Sáez también fueron propuestos por el PSOE como magistrados del TC, mientras que María Luisa Segoviano ha concedido entrevistas donde se muestra a favor del encaje legal del referéndum catalán y se identifica "con el bloque de izquierdas".
Ofensiva judicial de Vox
El partido de Santiago Abascal sigue haciéndose fuerte en los tribunales, una vía por la que Vox ha apostado siempre y que sigue dando frutos. Recientemente, la formación consiguió que Pedro Sánchez acudiese a declarar como testigo en la causa contra Begoña Gómez. Esta semana, además, han interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas. Les acusa de delitos de prevaricación y malversación por la utilización de la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, que lleva la causa de Begoña Gómez.
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