La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) implica al exministro del Gobierno de José María Aznar Josep Piqué, en el supuesto amaño de un contrato multimillonario en la Ciudad de la Justicia de Madrid, según ha adelantado la Cadena SER.
La UCO ha hallado en los documentos del 'caso Púnica' nuevos indicios de la pieza que investiga el juez De la Mata sobre presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia.
en estos documentos se habría vislumbrado la existencia de un supuesto amaño en la adjudicación del contrato para la ejecución, construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Los agentes habrían encontrado en el prendrive intervenido a Javier López Madrid, según el mismo medio, una serie de correos electrónicos entre el exministro y exvicepresidente de OHL, Josep Piqué, el exconsejero delegado López Madrid y otro alto cargo de la empresa.
En estas conversaciones se apunta a un posible amaño del contrato para la construcción y explotación de la Ciudad por valor de 771 millones de euros. La UCO señala que pueden ser indicativos de posibles "intentos de manipulación de la adjudicación".
Contactos con Ignacio González para que mediara
Además de estos, en los emails se observa que los sospechosos contactaron con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, para que mediara a su favor.
La adjudicación del contrato quedó en suspenso por orden de la Consejería de Presidencia y OHL y Acciona iniciaron un proceso judicial exigiendo una indemnización por perjuicios
A mediados del mes de junio de 2015, la Mesa de Contratación planteó adjudicar la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia a la UTE OHL-Acciona, como querían los sospechosos.
No obstante, a finales de ese mes Cristina Cifuentes recogió el testigo de González y lo relevó de la presidencia de la Comunidad.
Un mes después, la adjudicación del contrato quedó en suspenso por orden de la Consejería de Presidencia. Entonces, OHL y Acciona iniciaron un proceso judicial exigiendo una indemnización a la Comunidad por el perjuicio provocado al no otorgarles el contrato de más de 770 millones. Esta continúa pendiente de sentencia del Tribunal Supremo.
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