La proposición socialista para reformar la ley de indultos sigue estancada en el Congreso. Los seis expertos que han pasado esta semana por la Comisión de Justicia coinciden en que no hay razón que justifique la exclusión de determinados delitos para la concesión de indultos como pretenden los partidos políticos.
El PSOE propuso en 2016 excluir los delitos de corrupción y de violencia de género en su reforma de la norma de 1870. El PP añadió posteriormente los de rebelión y sedición y Ciudadanos el de terrorismo. Pero catedráticos de derecho penal como Josep María Tamarit Sumalla o de Constitucional como Pablo Lucas Murillo, argumentan que esas restricciones que pretenden introducir los grupos parlamentarios "desnaturalizan" la esencia de la figura del indulto, ya que la Carta Magna ya recoge ciertas excepciones.
"Es incorrecto hacer un catálogo de delitos no indultables. El indulto es derivado de mitigar el error de la Ley, que se hace en abstracto. La aplicación de la Ley al caso concreto puede producir efectos injustos", reflexionó el catedrático de Procesal Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigemont.
José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, expuso como argumento "para no cerrar el catálogo" que la "pulsión social" como elemento de justificación del indulto no será la misma "dentro de 10 años". Según el catedrático que acudió a propuesta del PSOE, "cualquier delito puede tener una consideración de menor gravedad" con el paso del tiempo, "más allá de lo que a nadie se nos puede escapar de puras razones de oportunidad política".
Los expertos sí consideran, en cambio, que es necesario incluir una mayor motivación sobre el uso del precepto que recoge el artículo 62 de la Constitución, aunque sea "sucinta" como exigió el Tribunal Supremo hace cinco años en una sentencia. En la actualidad, reconocieron, no se cumple. "La clave está en la transparencia", dijo Alonso-Cuevillas. En este sentido, el exdiputado del PP y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Jesús López-Medel Bascones, incidió en la necesidad no de hacer cambios puntuales en la actual normativo, sino de redactar una nueva ley.
En este sentido, desde el PP criticaron que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "incumplido la obligación legal de que la ministra de Justicia presente informes semestrales de los indultos concedidos en el último año". En total, son 17 las medidas de gracia concedidas este año, ocho por el Ejecutivo socialista y nueve por el de Mariano Rajoy.
A las puertas del juicio del procés, la eventual reforma parece que seguirá estancada en el trámite parlamentario, antes de que se pueda comenzar a redactarse el informe de la ponencia. Fuentes socialistas recuerdan que con la tramitación de los Presupuestos que entran este lunes en la Cámara, el desfile de ministros por las respectivas comisiones puede retrasar aún más el avance de los trabajos.
En este sentido, desde el PP consideran que el propio PSOE se estaría echando atrás en su voluntad de reformar la Ley. "El único objetivo del PSOE con las comparecencias era seguir demorando el trabajo de la ponencia y evitar pronunciarse sobre la enmienda presentada por el PP para evitar por ley los indultos en relación con algunos delitos, en particular respecto a los reos por delitos de rebelión y sedición", señaló la diputada la portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro. De hecho, las citadas fuentes socialistas se muestran abiertas a retocar su propuesta.
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