La exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que se encuentra personada en la investigación sobre presunta financiación ilegal de Podemos, quiere recurrir el archivo de la causa sobre la Caja de Resistencia del partido, también conocida como caja B. Según ha podido saber este diario, Cánovas prepara la documentación para pedir a la Justicia que siga analizando el asunto y prevé registrar su petición hoy mismo.
El recurso de Cánovas carga contra la actuación procesal de Podemos y también cuestiona algunas decisiones del juez en este asunto. La exsenadora tiene el documento casi finiquitado, y según ha podido saber este diario en él reforzará su tesis de que el partido morado es culpable de un presunto delito de blanqueo y malversación en relación al utilizo de las donaciones de los cargos públicos de la formación. Pedirá por lo tanto a la Justicia seguir investigando el asunto.
El juez Juan José Escalonilla, del tribunal número 42 de Madrid, abrió una investigación en el pasado verano a raíz de la denuncia registrada por el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. El letrado de Podemos llevó a la Guardia Civil una documentación en la que se desprendían sospechas de presuntas irregularidades en una cuenta corriente alternativa gestionada por Podemos (la Caja de Resistencia). Así como en el pago de la reforma de la sede y en los contratos con una consultora mexicana, Neurona, a la que Podemos entregó 363.000 euros en la campaña electoral de 2019.
Hace tan solo tres días, sin embargo, Escalonilla descartó seguir investigando el tema de la llamada caja b de Podemos. El magistrado sostuvo que no hay indicios suficientes para acreditar "una presunta administración desleal" en la gestión de dichos fondos, que controlaba el dirigente de Podemos Rafa Mayoral, como adelantó Vozpópuli.
Imputado el jefe de finanzas de IU
Aun así, el magistrado mantuvo abierta la investigación general sobre los contratos a Neurona. E incluyó entre los imputados al responsable de finanzas de Izquierda Unida, Carlos García Ramos, quien podría convertirse en una pieza clave de esta historia.
García Ramos se quejó en 2019 durante la firma de los contratos con la consultora Neurona. En una información desvelada por este diario, fuentes de Unidas Podemos revelan como el cargo de IU manifestó sus dudas a la cúpula de su partido porque Podemos había firmado los contratos con el CIF (identificación fiscal) de la coalición de Unidas Podemos para diluir la responsabilidad de los morados.
Los borradores de los contratos son incluso anteriores a la creación de la coalición, como desveló este diario. Y en IU temían que la investigación del Tribunal de Cuentas destapara las "facturas infladas" e involucrara en el asunto al partido de Alberto Garzón, tal y como ha ocurrido.
En su documento, Escalonilla afirma que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (... ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".
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