Podemos, el partido que prometió limpiar para siempre la política de la corrupción y elevar la transparencia como ejemplo del buen hacer, empieza a hacer aguas. Cada asunto que se va destapando tras la salida de dos ex abogados, fulminados según su tesis por las investigaciones internas que estaban realizando, podría tener una derivada judicial, y en algunos casos incluso penal. El propio Pablo Iglesias les desafió diciendo que los tribunales dirimirán todas las sospechas. Y no es improbable que lo hagan pronto, por ejemplo tras una investigación del Tribunal de Cuentas.
Primero fueron los sobresueldos a cargos del partido, luego los contratos a una empresa investigada en Bolivia por “corrupción” y vinculada a Juan Carlos Monedero y finalmente las reformas en la sede del partido. Tres asuntos espinosos que sobrevuelan Podemos en un momento histórico por su acercamiento al gobierno, y donde cunde el temor a que a nivel judicial e incluso policial algo se esté moviendo.
La clave de todo, aseguran en el partido morado, es la cuestión de la financiación. En el partido nadie se confunde: “El tema de sobresueldos de momento puede considerarse un asunto ético, pero no ilegal. Aunque algunos cargos cobraran más de lo permitido por los reglamentos internos, todo estaba en las nóminas, es decir, estaba declarado a la Seguridad Social”, explica un navegado dirigente del partido morado. “Otra cosa –añade— es que exista una contabilidad B oculta, como ocurrió en el PP, y eso sí que sería ilegal”.
"Facturas infladas"
Entre dudas y sospechas, lo que sí hace fruncir el ceño es el tema de la financiación. Vozpópuli hasta ahora ha publicado varias informaciones que apuntan a una relación entre una consultora, Neurona Consulting, en la que Monedero figura como “director”, y las campañas electorales del partido. Fuentes del partido morado aseguran que existen “facturas infladas” de esta consultora a Podemos, en un entramado de flujo monetario que desde América Latina (la consultora trabajó para Evo Morales, Obrador y Maduro) llega a España y acaba en las cajas de Podemos.
En Bolivia, el nuevo Gobierno investiga Neurona por contratos sospechosos de 1,5 millones de euros. Cuatro funcionarios han sido arrestados y la ex ministra del gobierno de Morales se ha fugado a Argentina. Podemos habla de “golpe de Estado” en Bolivia, pero la cuestión de un supuesto nexo con América Latina no es baladí. La Ley de financiación de los partidos políticos fija en su artículo siete: “Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. La falta puede llevar a un delito penal.
Los abogados cesados hablaron en su carta confidencial al Consejo Ciudadano Estatal (la dirección de Podemos), también desvelada por este diario, de “irregularidades financieras”, y varios dirigentes del partido morado aseguran que se refieren a los contratos a Neurona y a otras empresas vinculadas a la gerente, Rocío Val y a Rafa Mayoral. Apuntan a la cooperativa Kinema, que también podría haber recibido dinero incumpliendo la ley 9/2017, de contratos del sector público, con posible fraccionamiento de contrato para evitar el concurso público.
Fiscalización del Tribunal de Cuentas
Esa misma ley sobre la financiación de los partidos añade que el Tribunal de Cuentas deberá analizar con rigor todos los contratos de servicio de los partidos en sus campañas electorales. Esa es la autoridad encargada de vigilar que no haya facturas falsas o infladas. “Analiza cada factura para comprender si el servicio corresponde al pago, y viceversa”, explica un miembro de Podemos.
Según algunas fuentes, esa entidad podría poner su lupa en las campañas electorales de las generales de abril de 2019 y las autonómicas de ese mismo año (la de noviembre es todavía pronto para el análisis del Tribunal de Cuentas). Y de ahí que detecte un posible incumplimiento en la financiación de un partido que marcó en 2019 (el año que tuvo peores resultados electorales) récords en recaudación de fondos a través de donaciones.
Obras sin concurso
El tercero escalón atañe a las obras de la nueva sede de Podemos. El partido morado adjudicó unas obras por 600.000 euros, pero que finalmente costaron 1,3 millones de euros, como se puede ver en el propio portal de Transparencia del partido. Al tratarse de obras por más de 40.000 euros, Podemos debería haber actuado convocando una licitación y un concurso abierto, tal y como recoge la ley 9/2017, como adelantó Libertad Digital.
Sin embargo, varias fuentes de Podemos aseguran a este diario que “las obras empezaron antes de que terminara la adjudicación”, y sospechan de que todo el papeleo se hizo a posteriori para intentar “arreglar” un encargo directo al arquitecto Manuel Campos. De ser así, también en este caso el partido de Iglesias podría haber incurrido en un delito. "Que la justicia investigue", asumen miembros del partido.
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