Alberto Núñez Feijóo confía en dar carpetazo a la inesperada crisis interna que asaltó el PP la semana pasada de manera inminente. Primero, con la ofensiva judicial que anunció este domingo la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, después de que Feijóo convocara a su cúpula para una reunión de urgencia con el fin de abordar las últimas informaciones conocidas sobre el 'caso Koldo'. Segundo, volviendo a poner el foco en el certero debate abierto con su Ley de Conciliación, que este martes retomará su curso con sendas reuniones en Génova del líder del PP con Antonio Garamendi y Unai Sordo, presidente de la CEOE y secretario general de CCOO, respectivamente. Y, tercero, con la intervención de Marimar Blanco en el Senado.
Será la hermana de Miguel Ángel Blanco quien defienda la posición del partido en la modificación de la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE. La reforma que, apoyada erróneamente en el Congreso el pasado 18 de septiembre, sin que previamente los tres ponentes del PP en la Comisión de Justicia repararan en los efectos de la enmienda introducida de tapadillo por Sumar, ha soliviantado a no pocos sectores del PP.
El PP busca una suerte de inversión de la carga de la culpa que denuncia haber sufrido a manos del Gobierno con este movimiento. "Hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel a los presos condenados por asesinato pertenecientes a ETA para mantener al señor Sánchez en el Gobierno", dijo Feijóo la semana pasada. El gallego no han escatimado en disculpas, si bien su berroqueña decisión ha sido la de saldar la crisis sin que nadie asuma su responsabilidad por la negligencia parlamentaria. Una postura que, como demostró Vozpópuli la semana pasada tras publicar los mensajes de un chat compartido por diputados, difiere radicalmente con un amplio sector de la bancada en el Congreso.
En este contexto, Feijóo confía en que la postura manifestada por Marimar Blanco en el Senado este lunes termine de suturar la brecha abierta en el partido en un asunto especialmente sensible para la historia del PP. Porque que sea la hermana del concejal en Ermua asesinado por ETA en 1997, uno de los símbolo más francos de la lucha antiterrorista, supone un aldabonazo moral contra un Gobierno que, sibilinamente, paso a paso, continua con su hoja de ruta con EH Bildu. Eso que el PP llama "pacto encapuchado".
No obstante, la mayoría absoluta del PP en el Senado, que aplazó la semana pasada el debate y votación de la reforma, será impotente para frenar la publicación de la reforma de la Ley de Antecedentes en el BOE dado que los populares no incluyeron durante su tramitación veto ni enmienda alguno. "Teniendo a Marimar entre nosotros, tenía que ser ella" quien defendiera la postura del PP, saluda un senador popular que, en línea con Génova, califica de "perverso" el objetivo del Gobierno de que cale en la sociedad que el PP votó en conciencia para favorecer a 44 etarras presos. "Tenemos que ser los más pedagógicos que podamos", es la única recomendación que hace un diputado a la senadora por designación de la Asamblea de Madrid.
Querella contra el PSOE ante la AN
Lo cierto es que el último informe de la UCO sobre el 'caso Koldo', conocido a mediados de la semana pasada, ha servido al PP para reenfocar la actualidad política hacia el Gobierno. A ojos del principal partido de la oposición, tal es la gravedad de su contenido que la investigación "ya es la trama Sánchez". Así lo proclamó este domingo Gamarra tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del PP, que decidió denunciar al PSOE ante el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional "por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias".
La 'número dos' de los populares afirmó que "no caben cortafuegos porque, si unimos todos los puntos de todos los casos, lo que sale, directamente, es la cara de Sánchez". Gamarra tildó la situación de "insostenible" y estimó que el escándalo "habría provocado la caída de todo el Gobierno en cualquier otra democracia". Para ilustrar la dimensión del caso, la riojana describió lo que serían las ocho "autopistas de la corrupción" del Gobierno en una trama con epicentro en el Ministerio de Transportes mientras estuvo dirigido por José Luis Ábalos (2018-2021).
Una decisión, la de llevar al PSOE a la Audiencia Nacional, que le parece "fenomenal" a Vox, si bien "puede que no sea suficiente" porque la "experiencia" les dice que siempre se quedan "solos en la defensa de España". Así expresó lo expresó el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, que exigió la dimisión de Sánchez y la convocatoria "inmediata" de elecciones. La formación liderada por Santiago Abascal, sin embargo, centró el tiro en la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, contra quien Vox presentará otra querella por los contratos rubricados con la trama durante la pandemia.
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