El miércoles fue Alberto Núñez Feijóo quien en Cascais (Portugal), a 15 kilómetros del acantilado donde termina Europa, "preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España", solicitó ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "ayuda europea para controlar la inmigración". Y este jueves fue Miguel Tellado, su alfil parlamentario, quien hasta en dos ocasiones solicitó al Gobierno "disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras". ¿Cómo? Enviando "una serie de embarcaciones", a la Armada, "que impidan que los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país".
Traducción: como para Vox, el mensaje migratorio es ya una prioridad grabada en el frontispicio de Génova. Una idea-fuerza para el PP, según el concepto acuñado por el filósofo francés Alfred Fouillée y cuyo significado, simplificadamente, no es otro que un argumento capaz de estimular a la sociedad. Un mensaje que trae votos, a corto plazo al menos. Porque Feijóo, al igual que el resto de líderes del Partido Popular Europeo (PPE), tiene una cosa clara: obviar el debate migratorio es sucumbir ante el principal anzuelo de la extrema derecha. "¿Quién crece si no frenamos la inmigración?", se pregunta (y contesta) un dirigente popular en conversación con Vozpópuli.
Se trata del mismo razonamiento manifestado por el líder del PP en Portugal hace dos días: "Si no sabemos enfrentar los problemas que padecen los ciudadanos, si los ciudadanos dejan de vernos como el partido que más se parece a ellos, el resultado será una pérdida de confianza, el auge del populismo que estamos viendo en otros puntos y que los que se sientan huérfanos y derrotados por la política buscarán la antipolítica". O lo que es lo mismo: el PPE –horadado su electorado frente a la derecha radical en muchos países de la UE– debe agarrar esa bandera. Por otra parte, algo incluido en el argumentario aprobado por la alianza democristiana el pasado mes de marzo en Bucarest (Rumanía).
Dos ejemplos a su derecha hacen poner la tirita antes de la herida: el de Marine Le Pen en Francia y el de Giorgia Meloni en Italia. El primero, como ejemplo de una líder populista que ha basado su fortuna electoral en la alarma migratoria. La segunda, y aunque en público sólo se nombre al país, como ejemplo de lo que el PP considera tomar las riendas de la política migratoria.
"Frontex no está operando, como sí hace en Italia y Grecia, porque el Gobierno no reclama que lo haga", se lamentan en la dirección nacional del PP, donde recalcan la capacidad "disuasoria" que tendría lo propuesto por Tellado. Y donde afirman, además, haber recibido información del Frontex, la Armada y el Ejército alertando de una llegada masiva de cayucos este verano. "El despliegue de Frontex en Grecia e Italia ha reducido un 60% la llegada de migrantes irregulares", alegan.
"A diferencia de Vox, somos solidarios"
No obstante, hay una diferencia de fondo entre las posturas de ambas formaciones, socios de gobierno en cinco comunidades autónomas (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Extremadura): su posición frente al reparto de los casi 6.000 menores extranjeros no acompañados que aguardan en Canarias en una situación límite, y cuyo destino se decidirá el miércoles que viene en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Tenerife.
Mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, se niega a que sus comunidades acojan a estos menores, estigmatizados por la formación como reclamo electoral, amenazando incluso con romper coaliciones; en Génova, en público y en privado, subrayan la "solidaridad" que mostrarán sus 13 presidentes autonómicos (11+Ceuta y Melilla) en la cumbre canaria, llamada a reformar la Ley de Extranjería. Eso sí, Feijóo, que ha banalizado el órdago de Abascal, no ha sido capaz de unificar las posiciones de sus barones.
"A diferencia de Vox, nosotros no estamos en contra del reparto porque somos solidarios", subrayan en Génova. Pero con varias condiciones: que se tengan en cuenta la "particularidades asimétricas" de cada región, que haya una suficiente "dotación económica" y que se "escuchen los problemas de cada comunidad". Y también con una idea clara: "Es un marrón que el PP no se va a comer". Es decir, pertenece al Gobierno completar el rompecabezas de un reparto que, dicho sea de paso, a nadie entusiasma.
Las palabras de Tellado, por su parte, tuvieron la respuesta de Abascal, cuyo partido defiende un "bloqueo naval" en Canarias desde noviembre de 2020. Una idea que, algo descafeinada, también fue abrazada por Pablo Casado en 2021. "El PP está estafando a sus electores. Votó a favor de regularizar a medio millón de personas. El PP es responsable del efecto llamada. El señor Feijóo está diciendo que hay que repartir a los menores por toda España y eso conduce al efecto llamada", dijo el líder de Vox en los pasillos del Congreso este jueves.
Entre tanto, el conato de controversia generada desde Génova –que tuvo una airada respuesta por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles– no es para el PP sino un movimiento del Ejecutivo para "tapar las imágenes de mañana", por hoy. "Lamentablemente, creo que el Gobierno quiere montar una falsa polémica en relación con este asunto porque está muy preocupado y lo que quiere es tapar las imágenes de mañana. Y es que un coche saldrá del Palacio de la Moncloa con las lunas tintadas y en el interior estará la esposa del Gobierno, camino de los juzgados de Plaza de Castilla".