La fiscal de anticorrupción Ana Cuenca, que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', cuyo presunto cabecilla es el expresidente madrileño Ignacio González, ha dado un golpe encima de la mesa. Y lo ha hecho con un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que, además de defender su investigación, respalda la instrucción realizada por el juez Manuel García-Castellón, que en los últimos meses ha sido objeto de una querella por parte de los abogados del empresario Juan Miguel Villar Mir, imputado en esta causa, pero también en el 'caso Púnica'.
El escrito de alegaciones de la fiscal, realizado el 30 de enero de 2019, es muy duro con el abogado del exgerente de Triple A, filial del Canal de Isabel II en Colombia, Francisco Olmos Fernández-Corugedo.
Este letrado había acusado al juez García-Castellón de haber "pactado informalmente la distribución de competencia entre ambos países", según consta en un escrito de 27 de diciembre de 2018, en el que el imputado reclamaba tener acceso a toda la documentación de una nueva causa, que se abrió tras interponer el 18 de junio de 2018 el Canal de Isabel II una denuncia contra el presunto testaferro Edmundo Rodríguez Sobrino por sustraer 8,9 millones en Colombia.
Reparto de la investigación
Es decir, el letrado de Fernández-Corugedo considera que las autoridades españolas y las colombianas se habrían repartido la investigación de los nuevos delitos conocidos, algo que no está permitido por la ley.
En concreto, la fiscal Ana Cuenca acusa a este exdirectivo de la empresa colombiana Triple A de realizar "manifestaciones inveraces" cuando alude a un supuesto reparto de la causa entre las autoridades de Colombia y España.
Por eso, la representante del ministerio público califica esas afirmaciones como "absolutamente infundadas", al mismo tiempo que asegura que se dicen "de forma gratuita" y "sin sustento jurídico".
La fiscal rechaza que se suministre la documentación que reclama Fernández-Corugedo, ya que las supuestas irregularidades cometidas por los directivos de las empresas controladas por el Canal de Isabel II en Latinoamérica se están investigando en una causa independiente a la denominada 'Lezo', por lo que no está legitimado.
Sin legitimidad
"Es evidente que, en contra de lo argumentado, dicha parte carece de legitimidad para acceder, como pretende, al contenido de lo actuado en otras diligencias previas distintas en las que no es parte lo que, a nuestro entender, debería conllevar la desestimación íntegra de su recurso", especifica el escrito de 30 de enero.
Sin embargo, Fernández-Corugedo considera que sí tiene derecho a obtener esta documentación al considerar que se investigan "los mismos hechos" por los que está imputado en Colombia. Algo que asegura le consta tanto a la fiscal como al juez García-Castellón, ya que "vienen colaborando estrechamente con las autoridades de aquel país, habiéndose al parecer, pactado informalmente la distribución de competencia entre ambos países, de forma notoria por las noticias de prensa de ambos y lo facilitado por los testigos".
Pero las explicaciones de la fiscal concluyen que el imputado no tiene derecho a obtener la información que reclama, ya que no está imputado en la causa en la que se investigan unos hechos distintos a los conocidos en España hasta la fecha.
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