La Junta de Fiscales ha apoyado la decisión del fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, de no imputar a un alto cargo del Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá en la investigación del caso Hoyo de Manzanares y, por lo tanto, de relevar de la causa al fiscal Cesar Estirado, como ya había planteado su superior.
Polo convocó la Junta de Fiscales una vez que el Consejo Fiscal cuestionó la forma en que el fiscal de medio ambiente, César Estirado, fue apartado de la causa tras proponer investigar al director general del registro y del notariado, Javier Gómez Gálligo.
99 votos contra 38
La Junta de Fiscales ha decidido por 99 votos a favor, 38 votos en contra y 30 abstenciones mantener la decisión adoptada el pasado 30 de noviembre -tras una primera Junta de Fiscales- de no solicitar la declaración como investigado del alto funcionario.
Esta reunión, a la que han asistido 167 de los 195 fiscales en activo convocados, se convocó por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, con el fin de votar la discrepancia del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula el modo de dirimir los desacuerdos entre los fiscales y sus superiores.
El Estatuto dispone que "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe".
Y añade que "de proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".
Según el Consejo Fiscal, la duda tenía su origen en la interpretación de Polo, que ante una discrepancia de criterio con César Estirado, sometió la cuestión a la Junta de Fiscales, sin que formalmente se procediera a la votación.
La decisión final es de Polo
En cualquier caso, la votación no es vinculante para la decisión final que pueda adoptar Polo, en relación con la discrepancia del artículo 27 del Estatuto Fiscal, si bien lo previsible es que ratifique las instrucciones dadas en su día y aparte al fiscal César Estirado, designando para el caso a la fiscal decana de Alcobendas.
Ahora bien, ni el Consejo Fiscal ni Sánchez Melgar entraron a analizar la cuestión de fondo que ha motivado la discrepancia y que no es otra que el relevo directo del fiscal del caso Hoyo de Manzanares, en el que se investigan el alcalde, Ramón Regueiras (PP), algunos miembros de su equipo en el Ayuntamiento y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija.
El caso Hoyo de Manzanares investiga el intento de segregación de una parcela que el registro de la propiedad no inscribió porque no cumplía con el planeamiento municipal, una decisión que fue recurrida pero que Gómez Gálligo la revocó con un argumento que no convenció al fiscal del caso.
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