“Fue una rebelión y no puede ser una sedición”. La frase la incluyó el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza en sus conclusiones finales del juicio del procés. Avisaba así a la Abogacía del Estado de que daba por concluida la tregua tácita mantenida durante los últimos meses. Empezaron de la mano en esta causa, poco antes de empezar el juicio la Abogacía renunció a acusar por rebelión y este martes ambas acusaciones se enzarzaron en un fuego cruzado a cuenta del elemento central de todo el proceso: la violencia.
En opinión de la Fiscalía, el proceso independentista en Cataluña fue "un ataque al orden constitucional" en el que "la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional". "Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición", zanjó Zaragoza. Apenas a dos metros de él, la abogada del Estado Rosa María Seoane revisaba sus papeles y esperaba su turno.
Zaragoza ha ejercido cierto liderazgo entre los cuatro fiscales de sala que han actuado en el juicio. Suyos fueron los interrogatorios a los testigos y acusados más relevantes y este martes fue el encargado de abrir la sesión y situar el listón del desafío soberanista a la altura del “golpe de Estado”. La Fiscalía se extendió a lo largo de casi cuatro horas dividida en sendos bloques. Solo uno se centró en exclusiva a describir la existencia de una violencia evidente, instrumentalizada, enfocada a lograr la independencia.
Diferencias entre rebelión y sedición
Pero fue el fiscal Fidel Cadena, el último en intervenir, quien ahondó más en los dardos a la Abogacía y su estrategia. La rebelión exige que haya violencia y que sea suficiente para doblegar al Estado porque lo que se ataca es el orden constitucional. La sedición, en cambio, consiste en un alzamiento tumultuaria (no violento) que ataca el orden público.
Cadena profundizó en estas diferencias minutos después de que su compañera Consuelo Madrigal emplease el término de “subversión”. “No es un problema contra el orden público”, terció Cadena, sentado aún más cerca de Seoane. A esas alturas, la jornada judicial ya parecía más un derbi entre las acusaciones. El fiscal recurrió a ejemplos como el 23-F para destacar que basta con la intimidación para dar forma a una rebelión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, tuvo que mandar callar a la sala.
Cadena describió cómo los líderes independentistas acusados -para los que piden hasta 25 años de cárcel- actuaron para derogar la Constitución desde el ejercicio del poder. Y que ese plan fue consumado el 27 de octubre con la declaración de independencia cuando se derogó la Carta Magna en una parte del territorio. Insistió en que era el orden Constitucional lo que estaba en juego y que esa es la razón por la que el rey tuvo que salir el 3 de octubre a garantizar el mantenimiento de la ley en Cataluña. Citó la violencia como la herramienta que tenían reservada los acusados para cuando el Estado tratase de actuar.
Después del parón de la comida fue el turno de Rosa María Seoane, que aceptó el guante de los fiscales y entró en la pelea por defender su posición a costa de atacar la estrategia de la silla de al lado sin esperar a que sea el tribunal el que decida. Seoane no estaba llamada a estar ahí hace cuatro meses, pero el Ministerio de Justicia ordenó a la Abogacía rebajar la acusación de rebelión a sedición (menos años de condena) y eso provocó la renuncia del abogado que había llevado la causa hasta ese momento, Edmundo Bal. Ahora es diputado en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos.
Réplica de la Abogacía
La letrada de los servicios jurídicos del Estado defendió que lo sucedido el 1 de octubre de 2017 en Cataluña entra dentro de los márgenes de la sedición. Explicó que el concepto de orden público de este delito abarca tanto la paz social como el respeto a la legalidad y la autoridad y que lo que hicieron tanto los acusados como los dos millones de personas que acudieron a los colegios fue tratar de impedir una resolución judicial.
No fue más allá. De hecho pasó de puntillas sobre el papel de los Mossos d'Esquadra y sobre el 20 de septiembre cuando decenas de miles de personas se concentraron en torno al edificio de la sede de Economía de la Generalitat. Su idea fuerza fue reivindicar que para que se cumpla el delito de rebelión es necesario que la violencia no sea solo una herramienta, sino una parte nuclear del plan. Y eso, a su entender, no ha quedado probado a lo largo de medio centenar de sesiones de juicio. Tras hora y media de exposición, el juez Marchena apremió a Seoane a terminar porque ya había consumido su tiempo.
Acto seguido, tomó la palabra VOX, que ejerce la acusación popular. Subió la apuesta defendiendo su acusación por organización criminal, pero ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado habían empleado un minuto de sus intervenciones en rebatir o refrendar esta estrategia del partido político.
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