Los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que investigan la trama liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, tienen intención de reclamar al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que impute a tres personas que residen en el extranjero, y que presuntamente están implicadas en el pago de 5 millones de euros al cabecilla de la trama a cambio de realizar un informe para desacreditar al ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del dictador de la excolonia española desde 1979, Teodoro Obiang Nguema, de 76 años.
Así consta en un recurso, de 14 de agosto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que los fiscales se oponen al alzamiento del secreto del sumario de la pieza principal del 'caso Tándem', denominada 'King', acordado por el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea.
En concreto, los representantes del ministerio público, que recuerdan que en esta causa hay hasta la fecha 11 investigados, apuntan a nuevos implicados: "Estando otros tres querellados residentes fuera de España pendientes de imputación formal en esta pieza principal del procedimiento", completa el escrito, que no identifica a los nuevos investigados.
Carlos Salamanca
Sin embargo, en la pieza principal sí aparece el nombre del director Comercial y de Márketing de Gepetrol, Crispin Edu Tomo Maye, como el primer propietario de un Porsche Panamera que acabó conduciendo el excomisario de Barajas, Carlos Salamanca, que fue imputado inicialmente por colaborar con la trama de Villarejo. El juez De Egea archivó la causa contra Salamanca, una decisión que ha recurrido el ministerio público.
Crispin Edu Tomo Maye es sobrino de Constancia Mangue Nsue Okomo, la esposa actual del dictador y madre de uno de los candidatos a la sucesión, Teodoro Nguema Obiang, conocido como 'Teodorín', que es el vicepresidente del país africano. Fuentes de la causa aseguran a Vozpópuli las viviendas de Crispin Edu Tomo Maye en España fueron registradas, en su ausencia, por la Policía Judicial.
En el mismo sentido, el diario guineano Rombe informa, citando fuentes ministeriales no oficiales, que Crispin Edu Tomo Maye es propietario de un chalé en Alginet -Comunidad Valenciana- y de una vivienda en Madrid: "Las fuentes consultadas por Diario Rombe, cercanas a la familia de la pareja de Crispin Edu Tomo, confirman que después del registro [su mujer] Laura recibió una citación judicial en su casa, que fue recibida por su familia. El mismo día que llegaba la notificación judicial, Laura regresaba urgentemente a Malabo, desconociéndose el motivo de esa urgencia", completa la publicación digital.
Secreto de sumario
En estos momentos no es posible saber si Crispin Edu Tomo y su mujer están imputados, ya que el juez ha acordado mantener el secreto de sumario hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirme su decisión de levantarlo, tal y como adelantó Vozpópuli.
Mientras tanto, este jueves se ha conocido que el otro aspirante a suceder al dictador guineano, Gabriel Obiang, quien fue objeto de la investigación presuntamente irregular por parte de Villarejo, ha reclamado personarse como acusación particular contra el comisario jubilado, en prisión preventiva desde noviembre de 2016.
Sin embargo, el juez De Egea le considera investigado, por lo que ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que le informe sobre si Gabriel Mbega Obiang Lima, ministro de Minas e hijo del dictador guineano, puede ser a la vez acusación particular de Villarejo e investigado.
"Prácticas de corrupción"
Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción apuntan a que Villarejo fue contratado en 2012 para que hiciera un informe en 2012 por clientes guineanos que se dedican a la inversión en España de fondos obtenidos mediante "prácticas de corrupción" en los negocios internacionales.
Pero el ministerio público considera que en vez de un trabajo de consultoría, lo que en realidad hizo el comisario jubilado fue un informe de inteligencia y dossier personal para utilizarlo en el ámbito de las luchas políticas de Guinea Ecuatorial, y que elaboró utilizando información de carácter confidencial a la que accedía por medios propios de su condición policial.
"Para ello, actuando formalmente en su condición de presidente del Grupo Cenyt, y junto con su socio el también investigado Rafael Redondo, formalizaron a sus clientes una propuesta económica para la realización del informe en varias fases, por el cual habrían exigido el pago total de una cantidad superior a los 5.000.000 euros", resaltan los fiscales en el recurso de 14 de agosto contra la decisión del juez de levantar el secreto de sumario.
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