La fiscal encargada de la investigación del agujero de 600 millones de euros provocado por la construcción por parte de filiales de ACS de la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena, Región de Murcia), María Isabel Neira Campos, cree que sus pesquisas "parecen apuntar más alto", según consta en un escrito de 13 de diciembre dirigido al juzgado de Murcia que instruye la causa, y al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.
Hasta el momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia imputó a Eugenio Llorente Gómez, representante legal de la empresa Cobra Concesiones SL, que es presidente y consejero delegado de los servicios industriales del Grupo ACS, la constructora de Florentino Pérez, por su "papel significante" en la operación para construir la planta desalinizadora.
"Lo cierto es que se pasa de una obra de 40 millones de euros [...] a 111 millones, y de ahí a más de 134 millones, aparte los compromisos financieros y los asumidos luego por la promotora y Cobra Concesiones S.A.", concluye Neira Campos, que sostiene que todavía no se sabe el costo total de la planta.
La fiscal basa su conclusión en el contenido de las actas del consejo de administración de la empresa de la planta, "redactadas a mano", y en donde constan el contenido de las reuniones y las personas que intervinieron en ellas. Y también en los 'email' incautados y lo "escuetamente declarado" por algunos investigados, según indica el documento del ministerio público.
La fiscal insiste, además, en que la elección por parte del Gobierno de la Región de Murcia, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, de la empresa Hydro Management S.L. como promotora de la construcción de la desaladora de Escombreras y su contratista (Tedagua S.A.) "presuntamente no se sujetó a las previsiones legales aplicables, porque no fue una selección basada en criterios de publicidad y concurrencia".
"Un proyecto político"
En este sentido, el escrito del ministerio público destaca que existen "múltiples indicios" de que en la elección por el Ente Público del Agua (EPA), el organismo dependiente del Ejecutivo murciano que encabezó el proyecto, de la empresa Hydro Management S.L. de la mano de Grupo Cobra "no hubo ni concurrencia ni competencia alguna, no porque no fuese factible, sino porque no parecía deseable para los fines perseguidos con la desaladora de Escombreras, que era igualmente un proyecto político".
La fiscal, que llega a calificar los acuerdos entre el Gobierno murciano y ACS de "ingeniería jurídica", destaca la "agilidad pasmosa" con la que los contratos que Hydro Management S.L. había suscrito con ACS (Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Tedagua S.A.) se trasvasan a la parte pública.
De esta forma, el Gobierno murciano se hace con el 51% de la desaladora privada, que se convierte en mixta, con lo que el Ente Público del Agua pasa a comprometerse con unos contratos blindados "que ni negoció ni suscribió", pero por los que ahora el Ejecutivo regional está obligado a abonar un total de 600 millones de euros a la firma de Florentino Pérez.
Eludir el derecho
"Desaladora de Escombreras S.A. se perfila como una sociedad instrumental, ni ACS ni menos Hydro Management S.L. tenían necesidad alguna de ella; la Comunidad de Murcia sí, y se habría creado 'ad hoc' para ser participada", explica la fiscal, que concluye que el destino de la sociedad desde el mismo momento en el que se constituye es "servir de instrumento que permita aparentar por qué se elude el derecho administrativo".
"Parece lógico sostener que algo así no es factible sin el concurso y la voluntad común de todos los participantes, públicos y privados, incluyendo a los socios locales de la promotora de las obras porque de lo contrario parecería que ante sus ojos, sin su oposición ni reacción, ACS se hace con su proyecto, con su empresa y les deja fuera de todo", completa la Fiscalía.
Fondo de Liquidez
Por todo ello, el ministerio público concluye que los contratos suscritos desde el momento en que el Gobierno murciano por medio del EPA entra en el proyecto de Hydro Management S.L. son "fraudulentos".
Los mencionados contratos establecen que en caso de incumplimiento de los pagos durante los 25 años firmados, la propietaria podría reclamar por adelantado el dinero de todo el periodo de vigencia, tal y como ocurrió en 2012, cuando ACS reclamó judicialmente al Gobierno de la Región de Murcia el pago de 600 millones.
Un acuerdo entre las partes permitió al Gobierno murciano abonar la deuda con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica.
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