La Fiscalía ha presentado un escrito en el que se opone a que el Tribunal de Cuentas consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la aplicación de la ley de amnistía en el marco del procedimiento en que el que están encausadas 35 personas por el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la acción exterior del 'procés'.
En el escrito de alegaciones, consultado por Ep, el fiscal Manuel Martín-Granizo señala que "no resultaría procedente el planteamiento de dichas cuestiones a título prejudicial ante el TJUE".
El fiscal sostiene que, como establecen las recomendaciones publicadas por el propio TJUE, "la petición de decisión prejudicial debe de referirse a la interpretación o validez del Derecho de la Unión Europea y no a la interpretación de normas jurídicas nacionales".
El representante del Ministerio Público apunta que "el TJUE solo puede pronunciarse sobre la decisión prejudicial cuando el Derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso".
Fue el pasado 11 de junio cuando la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento dictó una providencia en la que preguntaba a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana y a las defensas si planteaba o no dicha cuestión prejudicial. La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento dio un plazo común de diez días a las partes para que se pronunciasen.
La consejera explicó que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".
Según precisó, los preceptos por los que podría plantear una cuestión prejudicial son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", al "principio de cooperación leal", a los "principios de igualdad y de no discriminación" y a los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima" y al "principio del Estado de Derecho".
Al adoptar esta decisión, la consejera fijó que el plazo para dictar sentencia quedaba en suspenso hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE.
Una reclamación de 3,1 millones de euros
En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta -además de Puigdemont- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
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