“No recuerdo haber hablado con el señor (José) Oreja y el otro guardia civil, (Antonio) Coronado, desde el día del nombramiento hasta que salta la noticia en el año 09”. Francisco Granados ha negado este viernes haberse reunido con dos de los acusados de espiar a Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo durante el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, en su declaración como testigo en el ‘caso espías’.
Discrepa así, con la versión que esta misma semana presentó Oreja. El acusado aseguró ante la juez que “por interés” de Ignacio González recibieron “órdenes ilegales” de realizar seguimientos a políticos adversarios de Aguirre. Dichas órdenes, explicó, fueron denunciadas, sin éxito, ante Granados.
El exconsejero madrileño ha insistido en que “jamás se ha dado una orden por escrito a nadie”. Que “esos partes o papelitos [en los que se habrían dado instrucciones para espiar] no los había visto nunca”. Y que “nunca” tuvo lugar la reunión citada por Oreja.
Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial. Aseguran, además, que los seis procesados en el ‘caso espías’ habían recibido nóminas y dietas como pagos por sus servicios durante dicha actividad.
El juicio, que inició el pasado lunes, pretende determinar si se usaron o no medio públicos que, presuntamente, habrían generado gastos indebidos en el Gobierno regional.
Investigación interna
Preguntado por las acciones tomadas durante su gestión frente a las informaciones publicadas en la prensa que acreditaban el presunto espionaje político en la comunidad, Granados ha asegurado que habló con Aguirre y acordaron “montar una comisión de investigación interna”
De aquella comisión, ha explicado el exconsejero, no se recabó “ningún dato” que llevara a pensar que se habían hecho los seguimientos ilegales. Ha recordado, además, que en paralelo se abrió una investigación en la Asamblea de Madrid y que luego la propia Fiscalía abrió diligencias.
El juicio no cuenta con acusación fiscal porque el Ministerio Público ha estimado que no existe infracción penal alguna en los seguimientos denunciados. “No se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid”, sostienen los fiscales.
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