Pedro Sánchez se asoma al abismo. El presidente del Gobierno está en un enredo judicial de difícil salida. El equipo de Moncloa se ha visto salpicado por al menos hasta diez frentes. Y ninguno está bajo su control. En cierta manera, el devenir político del líder socialista depende de la Justicia por primera vez en seis años, desde que llegó al Ejecutivo tras la moción de censura de 2018.
En ese lapso, el presidente del Gobierno ha situado en algunas de las instituciones más importantes del país a personas dependientes de las órdenes jerárquicas de Ferraz. Esta situación supone una afrenta a su independencia. Quizá una de las más afectadas -y señaladas- sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Pero a esta lista se suman el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Tampoco se libran algunos de los puestos de representación en el extranjero más jugosos, como las embajadas españolas ante la OCDE, la ONU y la Unesco. Todos y cada uno de estos organismos tiene al frente a un 'colocado' por el presidente del Gobierno.
Ahora bien, la voluntad de Sánchez no puede con todo. La Justicia tiene mucho que decir sobre la partida de ajedrez que el núcleo duro de Moncloa está jugando para que el presidente permanezca al frente del Ejecutivo sin sobresaltos. Y sus movimientos pueden poner en jaque al 'rey'. Sánchez afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. Sin olvidar la crisis abierta con el Poder Judicial, al que desde su Ejecutivo se ha señalado y acusado a lo largo de sus mandatos.
1.- Caso Begoña Gómez
El más problemático de todos los frentes es el que afecta a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Este procedimiento es el más reciente. Desde que la causa echó a andar, el pasado el 16 de abril, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, apuntó la condición de investigada de Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de apoyo que redactó a Carlos Barrabés, el empresario que impulsó el máster que dirige en la Universidad Complutense de Madrid.
Pese al rechazo de la Fiscalía, la causa sigue adelante con el foco puesto en las adjudicaciones millonarias que logró el citado empresario en los últimos años. El análisis de la documental y las declaraciones señaladas para las próximas semanas serán determinantes para el devenir de la causa que tiene al PSOE y a Moncloa de los nervios.
En el Ejecutivo reconocen que el caso que afecta a la mujer del líder socialista tendrá un impacto en las expectativas electorales del PSOE en los comicios europeos que se celebran este domingo, aunque no se mojan en el alcance. Es más, en el partido comienzan a surgir voces que dudan de la viabilidad de la legislatura y de la capacidad del presidente de salir airoso de la tormenta perfecta a la que le han llevado el caso Koldo, la situación judicial de su mujer y la ley de amnistía.
A poco que se comenta la situación de Pedro Sánchez con algunos diputados a las órdenes de Ferraz, estos reconocen la "extraordinaria dificultad" del panorama que enfrenta el presidente del Gobierno. Y pronto asaltan las dudas.
2.- Los pronunciamientos del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial también se encuentra en el punto de mira del presidente del Gobierno. Los vocales de corte conservador han sido especialmente críticos en sus pronunciamientos sobre la ley amnistía. Pero no solo, también sobre la ley del 'sí es sí' o la propuesta de reelección del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; una de las piezas de Sánchez que pueden caer y complicarle la jugada y a quien se le declaró por primera vez inidóneo para el cargo. García Ortiz, de marcado perfil progresista y muy crítico con el PP, puede terminar fuera de juego.
La última carta de Sánchez a los españoles, en la que el presidente señaló al instructor de la causa contra su mujer por imputarla en plena campaña electoral, propició una nueva respuesta del órgano de gobierno de jueces. La situación está más que tensa y la Comisión Permanente del CGPJ se reunirá este lunes de manera extraordinaria para defender la independencia judicial; todo un gesto de rechazo a las acusaciones veladas de Moncloa.
Además, cabe reseñar que esta reacción de 'protesta' cuenta con el acuerdo unánime tanto de los vocales progresistas como de los conservadores. Nada disgusta más a un magistrado que la insinuación de su falta de independencia. Sánchez tiene otros planes para el Poder Judicial, cuya renovación lleva pendiente demasiado tiempo.
El Gobierno sugiere que puede cambiar las mayorías para su renovación con otra simple proposición de ley, siguiendo un trámite similar al de la ley de amnistía. Esto implicaría que serían las fuerzas políticas y no el Ejecutivo de las que partiría la iniciativa. El mensaje de Moncloa es que en caso de que no se llegue a un acuerdo con el PP para renovación del Poder Judicial podrían renovar el órgano por mayoría simple. No obstante, en el equipo de Pedro Sánchez siguen a la espera de que se posicione la Comisión Europea para dar el próximo paso. La guerra, en cualquier caso, continúa.
3.- El nombramiento del fiscal general
Otro asunto especialmente espinoso para Sánchez es el recurso que interpuso la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en el Tribunal Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz por su "línea progubernamental". El Supremo ya estudia si avalar o tumbar el cese del máximo representante de la Fiscalía y lo hace tras desestimar su petición de apartar a los jueces que decidirán sobre su futuro.
García Ortiz les recusó al considerar que estos togados estaban contaminados por haber anulado previamente dos nombramientos suyos: los dos de su antecesora al frente de la Fiscalía y mano derecha, Dolores Delgado. En uno de esos fallos, el alto tribunal le acusó de actuar con "desviación de poder". Para el recuerdo queda la ocasión en que el presidente Sánchez, en una entrevista, alardeó de que la Fiscalía depende del Ejecutivo.
4.- La causa impulsada por el novio de Díaz Ayuso
Otra de las diligencias que apuntan al fiscal general del Estado son las abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos relativa a la filtración de datos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso envuelta en un escándalo de fraude a la Hacienda pública.
Esta causa, que de momento se dirige contra dos fiscales de Madrid, se trata de dilucidar quién fue el responsable último dentro de la Fiscalía que ordenó publicar una nota informativa con información sobre correos electrónicos intercambiados entre el abogado de García Amador y el fiscal que entonces le investigaba por fraude fiscal. La declaración de los próximos testigos es clave y podría apuntalar la causa hacia el Tribunal Supremo; lo que ataría la cuerda al cuello de García Ortiz.
5.- Caso Koldo
La causa abierta en la Audiencia Nacional por el pelotazo en las adjudicaciones 'a dedo' de la Administración a la empresa Soluciones de Gestión también afecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El avance de las diligencias no solo salpica al anterior equipo del Ministerio de Transportes, sino que el magistrado Ismael Moreno estudia ya la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Jesús Manuel Gómez, actual 'número 3' del departamento que dirige el ministro Óscar Puente. Otros departamentos del Gobierno de Sánchez, como Interior y Sanidad, también está en el punto de mira.
Por no hablar de la situación política en la que ha quedado el PSOE tras el escándalo. El caso Koldo ha sumido al partido en una de sus peores crisis desde que llegó al Gobierno. Es más, ha hecho que la figura de Santos Cerdán, su número tres, haya estado cada vez más entredicho. No solo porque fue él quien introdujo al exasistente de José Luis Ábalos al circuito de poder en Madrid, sino porque, opinan algunos socialistas, no ha manejado bien la crisis que ha terminado con la expulsión del exministro de Transportes del partido y su 'extradición' al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Cerdán, el único superviviente de la última gran purga de Sánchez, está estrechamente conectado a Koldo. El PSOE lo sabe y, por ello, recela de él pese a que los últimos resultados electorales, especialmente Cataluña, le hayan dado una tregua.
6.- Investigaciones en la Fiscalía Europea
Precisamente, del caso Koldo se desgajaron los contratos de las mascarillas de Canarias y Baleares, presididas entonces por el actual ministro Víctor Ángel Torres y por la ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El ente comunitario pone en el foco la compra de material sanitario de los dos gobiernos autonómicos del PSOE por haberse costeado con fondos europeos.
Sobre la mesa, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Si Torres y Amengol caen, Sánchez sufrirá un fuerte golpe, ya que ambos son de su estricta confianza, especialmente la presidenta de la Cámara Baja y tercera institución del Estado. La Fiscalía Europea también ha irrumpido en la causa contra la mujer de Sánchez dado que los contratos a Barrabés podrían haberse costeado con fondos comunitarios por tres lotes que se adjudicó en plena pandemia a través de la UTE con The Valley.
7.- Pegasus
Aunque este procedimiento lo impulsó Moncloa al detectarse una intromisión en el móvil de Pedro Sánchez, la causa puede dar un giro de 180 grados con su reapertura en la Audiencia Nacional. El magistrado instructor terminó archivando las diligencias por la ausencia de colaboración de Israel pero la nueva documental aportada por Francia puede arrojar luz sobre los hechos.
En su auto de archivo, el juez indicó a los servicios jurídicos del Gobierno que, agotada la vía penal, podría impulsar la vía diplomática con Tel Aviv para llegar a la empresa que comercializa este sistema operativo. El Gobierno de Sánchez no consta que siguiera esa línea y los ministros afectados por la infección (además de Félix Bolaños) rehusaron declarar en persona en las diligencias pese a ser los denunciantes.
8.- Tsunami Democràtic y Puigdemont
Estas diligencias que se siguen contra el líder de Junts en el alto tribunal son especialmente relevantes para Sánchez en tanto en cuanto Puigdemont se ha convertido en el socio clave de su Ejecutivo. El Gobierno borró la sedición del Código Penal y modificó el delito de malversación a requerimiento de sus socios independentistas. Todo un peaje que al presidente no le dolió prenda pagar.
El último paso, la aprobación de la amnistía, prevé dejar en agua de borrajas causas como la que arranca en el Supremo. No obstante, y a falta de que la ley se publique en el BOE y pueda ser aplicada, queda por ver cuál es la respuesta de los magistrados a la ley estrella de Sánchez, especialmente si se trata de un pronunciamiento contrario al esperado por Moncloa.
9.- La amnistía y el procés
Otro de los puntos calientes en la Fiscalía y que preocupa especialmente a Moncloa es el informe que redacten los fiscales del procés sobre la medida de gracia. Estos cuatro fiscales de Sala están decididos a informar en contra de la ley, sobre todo en lo que respecta a la malversación, y defenderán su criterio hasta las últimas consecuencias.
De chocar con la línea que quiere imponer el fiscal general, se abriría un nuevo cisma en Fortuny que tendría su innegable derivada política ante la clara intención de Sánchez de que la ley se aplique en su totalidad en las causas que afectan a los miembros de Junts y ERC.
10.- El TJUE
También escapa al control del presidente del Gobierno lo que resuelva la Justicia Europea sobre la amnistía. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE forzaría un pronunciamiento sobre cómo la amnistía casa con el derecho comunitario. El foco en este caso se pone en el terrorismo y malversación, delitos especialmente graves en la UE. Sánchez ya ha movido sus fichas. Ahora espera que el resto muevan las suyas.