La Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado un escrito de alegaciones al real decreto que inicia el proceso de exhumación del dictador del Valle de los Caídos en el que pide personarse en el proceso.
En las alegaciones, a las que ha tenido acceso Efe, la Fundación Franco insta a la recusación de la instructora del procedimiento, la subsecretaria de Justicia Cristina Latorre Sancho, y reclama la nulidad del proceso "por transgresión a la ley y a los principios constitucionales".
La fundación, en los treinta folios de alegaciones que ha dirigido al Gobierno incide en la "inconstitucionalidad" del real decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para iniciar el proceso de exhumación de Franco.
Extralimitación del Gobierno
Así, explica que la forma elegida por el Gobierno para reformar la ley -un decreto ley- no cumple en este caso el requisito de "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" que establece la Constitución en su artículo 86.1.
Se trata de "una situación perfectamente estable y consentida que dura décadas, y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación", afirma la fundación respecto a la permanencia de los restos de Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos.
Añade que la "extralimitación" del Gobierno al aprobar por decreto ley "lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena" no sólo afecta a los intereses de los afectados sino "a los generales de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos participen en la elaboración de las normas legales".
La fundación se remite en su escrito de alegaciones a diferentes sentencias del Tribunal Constitucional para argumentar que el decreto ley del Gobierno aduce también de inconstitucionalidad por tratarse de "una norma singular que no llena las exigencias constitucionales" y porque "la excepcionalidad que invoca carece de justificación objetiva, lo que la convierte en arbitraria".
"Aún cuando la redacción podría dar a entender otra cosa es manifiesto que la norma tiene un destinatario concreto: Francisco Franco Bahamonde, y su finalidad no es otra que exhumar y trasladar sus restos del Valle de los Caídos", afirma.
En las alegaciones se señala además que la reforma legal que permitirá la exhumación de Franco "y los actos derivados" de ella son, a juicio de la fundación, inconstitucionales porque "violan un Tratado internacional, de rango superior", como es el Concordato con la Santa Sede, que establece que "los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes".
Por último, la Fundación Nacional Francisco Franco pide la "nulidad de pleno derecho" del procedimiento "por transgresión a la ley y a los principios constitucionales" y dice que el plazo de doce meses que establece el decreto ley para la caducidad del procedimiento no puede contarse desde la fecha de publicación del acuerdo, el pasado 25 de agosto, sino "desde el acuerdo de incoación", adoptado por el Consejo de Ministros el día 31 de agosto.
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