La Fundación Hay Derecho ha presentado este viernes su Informe del Estado de Derecho 2024, una investigación propia y basada en datos que evalúan la salud de la democracia y del Estado de derecho en España. El evento, celebrado en la Oficina del Estado de Derecho, ha sido inaugurado por Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, mediante un discurso en el que ha puesto el foco sobre "la utilización de la legislación para la instalación de partidas ideológicas".
Sobre esto, el informe muestra diversos datos para denunciar el abuso de figuras legislativas como el decreto-ley o el conocido como 'decreto ómnibus' que funciona como una especie de cajón de sastre para "colar" medidas que, por separado, podría ser rechazadas por el Parlamento. Entre los datos señalados por Hay Derecho señala que, por ejemplo, en 2022, el 27% de las normas aprobadas fueron decretos-leyes, cifra que se elevó al 32% en 2023. "Esta práctica deteriora la función legislativa del Parlamento y el proceso deliberativo. No solo se abusa del decreto-ley sin razones de urgencia y extraordinaria necesidad, sino que ninguno de los decretos-leyes luego tramitados como proyecto de ley en estos años ha sido aprobado como ley, lo que pone de relieve un problema grave", ha declarado Elisa de la Nuez.
El profesor de derecho constitucional, Germán Teruel, ha añadido que se trata de un "fenómeno corrosivo" que ha ido en aumento en los últimos años, que se complementa con el crecimiento de los "vínculos políticos" de los magistrados del Tribunal Constitucional y la "pérdida de autonomía de la Fiscalía General del Estado", debido a la relación de García Ortiz con el Gobierno. En este sentido, Hay Derecho pone de relieve "problemas relevantes en la política de nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal, que han dado lugar a algunas resoluciones judiciales, anulando repetidamente nombramientos de fiscales afines al Fiscal General".
Politización del Constitucional
Sobre el Tribunal Constitucional, el informe incluye un estudio que muestra el aumento del porcentaje de magistrados del órgano de Cándido Conde-Pumpido con vinculaciones políticas. "Se ha destacado lo inédito de que un Gobierno nombre como magistrados constitucionales a quienes han sido integrantes o colaboradores del mismo, como ha ocurrido en 2022", señala el informe.
El informe destaca la necesidad de "preservar la independencia de los contrapesos al poder y la constatación de una tendencia hacia la politización de las principales instituciones de contrapesos", describe el escrito. Una politización que ha supuesto, por ejemplo, el bloqueo de la renovación de Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, la posterior falta de nombramientos de jueces para trabajar en los diferentes tribunales de España.
Hay derecho denuncia la falta de jueces
En este sentido, Hay Derecho alerta sobre la falta de jueces en España, siendo uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos jueces por habitante. A 1 de enero de 2024, la tasa en España era de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del CGPJ. La media europea es considerablemente superior: unos 22 jueces por cada 100.000 habitantes. El CGPJ estima que se necesitan al menos 350 nuevos jueces anuales durante la próxima década, pero el acuerdo PP-PSOE sólo prevé la creación de 200 plazas cada año.
El informe también critica la "ineficiencia del gasto en justicia". Aunque la inversión en justicia está en la media europea, esta "no se traduce en mayor eficiencia"; la tasa de congestión judicial ha seguido en ascenso desde el 1,3 en 2013 hasta el 1,6 en 2023.
Entre los principales requerimientos de Hay Derecho destaca la necesidad de acabar con los ataques a jueces y magistrados por parte del Gobierno y los medios de comunicación que "sólo hacen mermar la confianza de la ciudadanía en la Justicia", según denuncia Germán Teruel. Para ello, la fundación valora en positivo acuerdo como el alcanzado por el PSOE y el PP el pasado mes de junio para que no se puedan volver a repetir nombramientos como el de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, al imponer el requisito que para ocupar ciertos cargos del Poder Judicial no se puede elegir a perfiles que hayan ocupado un cargo público representativo en los cinco años anteriores.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación