El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que declaró la semana pasada como imputado en el 'caso Lezo' por el presunto agujero que sufrió el Canal de Isabel II al comprar en 2001 la empresa colombiana Inassa, ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso Lezo en la Audiencia Nacional en el que asegura que la operación, por la que el organismo de la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de dólares con la intermediación de una empresa panameña, no incluyó ningún sobreprecio.
El documento, de 30 de mayo, está firmado por los abogados Luis Rodríguez Ramos, Joaquín Rodríguez de Miguel Ramos, Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria y José Ruiz-Gallardón Utrera, (hijo del exalcalde de Madrid).
Y en este escrito los letrados, que además de a Gallardón defienden al exvicealcalde madrileño Manuel Cobo, y a los exconsejeros Juan Bravo y Carlos Mayor Oreja, sostienen que los rendimientos previstos sólo para una de las empresas colombianas eran de entre 215,5 millones de dólares y 243,6 millones de dólares (unos 200 millones de euros).
73 M. de dólares
La previsión de estos ingresos justificarían que la compra de la filial latinoamericana tuviera un precio tan elevado, de 73 millones de dólares. "Y lo anterior sería absolutamente coherente con los abrumadores resultados del sumario; esto es, que todas y cada una de las valoraciones que lo integran (diez hasta el 2007) señalan que el valor de Inassa es superior al precio acordado y pagado en 2001", completa la defensa de Gallardón y de los otros excargos de la Comunidad de Madrid.
El letrado de Gallardón explica, en este sentido, que cada vez que se ha vuelto a valorar Inassa tras su compra en 2001, se alude a la misma valoración realizada en 2001 por el Canal en 2001 sobre los rendimientos futuros de la concesión de Barranquilla: "Por eso, es absolutamente imposible argumentar que la valoración que se hizo en 2001 de los rendimientos futuros de la concesión no es correcta", destaca el documento.
Además, los abogados de Gallardón y los exconsejeros madrileños destacan que en el último informe de la Fiscalía, de 22 de mayo de 2018, el ministerio público "abandona definitivamente" cualquier mención al sobreprecio como objeto de investigación, y se centran en si se desviaron o malversaron fondos públicos en la operación.
Sociedad panameña
Esto significa, explican los letrados, que el ministerio público podría haber abandonado la tesis del sobreprecio. Y por eso las defensas destacan, además, un pasaje del escrito del fiscal: "Esta investigación se extiende, principalmente, a analizar las circunstancias que rodearon esta adquisición mediante la utilización de una sociedad interpuesta, SAA, residenciada en un paraíso fiscal", en alusión a Panamá.
No obstante, y si la Fiscalía no hubiera abandonado su determinación de acusar a los imputados de haber pagado un sobreprecio, los defensores de Gallardón aluden a varias valoraciones de empresas del precio de Inassa, que según estos letrados muestran que no hubo un desvío de dinero en la operación de 2001.
Por ejemplo, Consultores de Administraciones Públicas Grupo Analistas consideró en octubre de 2001 que Inassa, que se compró por 73 millones de dólares, valía 91,4 millones de dólares. Rothschild, también en 2001, dio la cifra de 144 millones de dólares.
Banco Santander
El escrito dice que JP Morgan, por encargo del Canal de Isabel II , valoró sus activos en Latinoamérica (Extensia) en 109 millones de dólares; Nmás1 Corporate Finance, S.A.U. en 2007 dio la cifra de 153,9 millones de dólares; y KPMG en 2016 lo cifró el valor de Extensia en 100 millones de euros.
Por todo ello, Gallardón reclama al juez que la valoración que está haciendo el Banco Santander de los activos del Canal de Isabel II en Latinoamerica sea aportada al sumario del caso Lezo.
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