La Junta de Fiscales ha terminado por respaldar el criterio de Álvaro García Ortiz favorable a amnistiar todo el procés. El fiscal general se ha anotado el apoyo de la mayoría del órgano (aunque por un margen muy ajustado) frente a los fiscales del procés, que ven contrario a la ley incluir el delito de la malversación en la amnistía que impulsó el Gobierno.
Fuentes del órgano presentes en la deliberación indican que la tesis del fiscal general se ha impuesto por 19 votos (incluido el suyo) frente a los 17 que han recabado los cuatro fiscales del procés y una abstención. Como informó este medio, la Junta se ha partido en dos evidenciando la fractura en el órgano en relación a la aplicación total de la amnistía en el procés.
El cónclave -cuya celebración forzaron los fiscales del procés al discrepar de la orden de García Ortiz- ha comenzado pasadas las 9.30 horas con un total de 34 fiscales presenciales de los 38 que componen la Junta (sin contar al fiscal general). Dos de sus integrantes han participado de manera telemática y otros dos han excusado su presencia por razones médicas.
Victoria por la mínima para García Ortiz
La reunión, que se ha alargado toda la mañana, ha arrancado con la intervención de los cuatro fiscales del procés que han defendido los motivos por los que han mantenido su postura hasta el final. Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, fiscales al frente de la causa del procés desde 2017, ya trasladaron a García Ortiz hace unas semanas que su informe sería favorable a amnistiar la desobediencia pero no la malversación.
Tras ellos se ha abierto un debate jurídico en el que han participado algunos de los integrantes (entre ellos la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez-Conde) y, tras ellos ha hablado el propio fiscal general, quien ha defendido que la ley de la amnistía se tiene que aplicar sin excepciones a todos los delitos del procés.
Los fiscales del procés se han granjeado apoyos de 18 fiscales, entre los que se encuentran la exfiscal general del Estado María José Segarra y el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Al fiscal general, por contra, le han apoyado el fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, y su antecesora Dolores Delgado
Las fuentes consultadas explican a este medio que se ha tratado de un debate jurídico que ha discurrido en tono "cordial y respetuoso" y que ha girado principalmente en torno a dos conceptos concretos: si hubo enriquecimiento personal con la malversación del 1-O y si ésta afectó o no a los intereses financieros de la Unión Europea.
Tras la ajustada votación, García Ortiz ha encargado a su 'número dos', Ángeles Sánchez-Conde y al fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, la redacción del informe de la Fiscalía requerido la semana pasada por el Tribunal Supremo tras la publicación en el BOE de la amnistía. .
Los fiscales de Sala del Tribunal Supremo entienden que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas a los que se aplicará la amnistía cometieron la modalidad activa de la malversación en tanto que sustrajeron fondos públicos de la Generalitat para la celebración del 1-O. Al respecto, los fiscales interpretan que esta actuación les granjeó un beneficio y enriquecimiento personal que hace imposible aplicarles la amnistía.
La malversación en la amnistía
La ley diseñada por el PSOE y sus socios independentistas recoge que se deberá aplicar la medida de gracia para todos aquellos funcionarios y cargos públicos que desviaron dinero para el referéndum ilegal, siempre y cuando no incurrieran en beneficio propio, como así lo sostienen los fiscales del procés.
El fiscal general, por su parte, se alinea con las tesis del Ejecutivo y sostiene que se debe aplicar la ley de amnistía sin fisuras a todas las causas del procés. Su tesis, que se ha terminado imponiendo en la Junta de Fiscales, reside en que los líderes del procés "administraron de forma desleal los fondos públicos con el único propósito de celebrar un referéndum de autodeterminación, sin que se apreciase en los encausados otros intereses crematísticos", expuso.
Del mismo modo, la Junta de Fiscales de Sala también ha avalado su criterio acerca de que con el desvío de fondos del 1-O no se produjo una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea; escenario este último que sí contemplan los fiscales del procés y que, la ley de amnistía, reconoce como una de las excepciones a aplicar.
