La Fiscalía frena el paso a la Unión Europea para evitar que se abra un cauce paralelo al procés por la malversación del 1-O. El órgano que dirige Álvaro Ortiz ha avisado en sus respectivos informes remitidos a las causas del procés, que el ente europeo no tiene carta blanca para investigar cualquier delito de malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público, que aboga por la aplicación de la norma con carácter global y sin excepciones, dedica en sus escritos una mención especial a la competencia de este órgano el cual, pese a ser de reciente creación, ya ha asumido procedimientos penales de calado en España por verse salpicados fondos europeos.
Es el caso, por ejemplo, de la trama Koldo, la compra de mascarillas de los gobiernos de Baleares y Canarias y, más recientemente, la causa abierta contra Begoña Gómez en Plaza de Castilla.
En este caso, los informes de la Fiscalía remitidos al Tribunal Supremo tratan de frenar cualquier actuación paralela de la Fiscalía Europea que trascendiera de la protección que otorga la amnistía. Por ello, además de sostener que el desvío de fondos del referéndum ilegal no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, avisan también del coto de su actuación en este ámbito.
Coto a la Fiscalía Europea
"Hasta la fecha se ha venido interpretando que la Fiscalía Europea no es competente para la investigación de cualesquiera delitos de malversación, por más que esta modalidad típica necesariamente implique una lesión o amenaza grave para el patrimonio público", reza el informe.
Con todo, reconoce que este órgano que empezó a funcionar en 2021, es competente para investigar los delitos recogidos en la Directiva (UE) 2017/1371 y, por consiguiente, los vinculados a la corrupción "activa y pasiva" y a la malversación. En el caso del procés, el foco se ciñe en los fondos que el gobierno de Carles Puigdemont desvió para financiar la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.
Precisamente, en la propia Fiscalía el asunto relativo a la amnistía a la malversación ha generado una grave fricción entre los fiscales del procés y el fiscal general. De hecho, el informe finalmente remitido al Tribunal Supremo cierra cualquier vía a la actuación de la UE, aunque este criterio no era el defendido por los cuatro fiscales de Sala que llevan liderando la acusación del procés desde 2017.
Más bien al contrario, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza avisaron a García Ortiz de que no iban a encajar la malversación en la ley de amnistía porque consideran que la malversación reportó un beneficio patrimonial a los líderes independentistas y porque se vulneró la doctrina europea sobre la malversación.
La malversación del procés
Sobre el primero de los supuestos, el informe que finalmente tumbó García Ortiz, exponía que resultaba "indudable" que Puigdemont, Junqueras y el resto de implicados sustrajeron por sí mismos los caudales públicos para ejecutar "un proyecto inconstitucional de desintegración de España", pese a la expresa prohibición del Tribunal Constitucional.
De esta forma, la ley no podría amparar a Puigdemont y Junqueras en lo relativo a este delito porque excluye de su aplicación toda malversación que tuviera "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".
El segundo motivo planteado por los fiscales del procés es que se vulneró la Directiva (UE) 2017/1371 sobre malversación de caudales públicos. Se trata del mismo texto de la Unión Europea al que apela el informe que firma la 'número dos' de García Ortiz, aunque la lectura es bien diferente ya que, a juicio de los fiscales del procés, el desvío de dinero público de la Generalitat sí afecta a los intereses comunitarios.
"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", apelaron.
Para estos fiscales no se puede considerar únicamente como infracciones penales las que afectan al presupuesto de la Unión Europea (como ocurre, por ejemplo, con el caso de los fraudes), sino también todas aquellas infracciones que directa o indirectamente tengan repercusión directa en los intereses de la Unión.
El criterio oficial que ha defendido finalmente en el Tribunal Supremo el órgano que dirige Álvaro García Ortiz rechaza esta interpretación y cierra la puerta a cualquier actuación de la Fiscalía Europea que pudiera poner en jaque la amnistía diseñada para Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas.
Pendientes del Tribunal Supremo
Desde que se publicara la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio Público ha emitido informe en las dos causas del procés (la juzgada y la pendiente de juzgar), además de la abierta por terrorismo contra Carles Puigdemont y el procedimiento contra Tsunami Democràtic que sigue en la Audiencia Nacional.
En todas ellas se ha pedido la aplicación de la amnistía a todos los delitos que la integran. A juicio de la Fiscalía, la desobediencia, los desórdenes públicos y la malversación de caudales públicos encajan en la norma cuya redacción desencalló la investidura de Pedro Sánchez. Lo mismo ocurre con el terrorismo que se atribuye a Tsunami Democràtic con sus acciones más violentas.
Tras recabar informe de la Fiscalía y de las partes que integran los procedimientos, el asunto queda ahora en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debe decidir cómo y en qué términos aplica la norma. Se prevé que se pronuncie sobre este asunto la semana que viene.
Como informó este medio, la deliberación se hará desgajando los delitos y analizándolos por separado. En ese sentido, las miradas están puestas en la malversación exclusivamente por su dudoso encaje en la ley de amnistía.
