El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a la Junta de Fiscales de Sala más dividida de los últimos tiempos. El máximo representante del Ministerio Público tratará de granjearse el apoyo mayoritario de este órgano -que integra a la cúpula de la institución- para validar la amnistía en el procés, frente a los fiscales del procedimiento.
García Ortiz llega a la Junta en sus horas más bajas ya que, a la escisión que se vive dentro de la Fiscalía, se suma también la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por revelación de secretos con la nota informativa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de unas diligencias que ya le ponen en el punto de mira tras la declaración de la testigo clave la semana pasada.
En lo que respecta a la Junta de Fiscales, se abordará la amnistía al procés. García Ortiz convocó este órgano después de que los cuatro fiscales del procés se mantuvieran firmes en su intención de no amnistiar todos los delitos del procés. Estos cuatro fiscales de Sala forzaron la convocatoria del órgano al mantener su criterio negativo a amnistiar la prevaricación.
Amnistía a la malversación
Como informó este medio, este debate va a fracturar en dos una Junta de Fiscales de la que García Ortiz espera salir victorioso. Fuentes internas del órgano confirman a Vozpópuli que sucesor de Dolores Delgado prevé recabar el respaldo en bloque de todos los fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que han sido nombrados bajo la etapa de Delgado y, por tanto, son cercanos a su mano derecha.
De hecho, las fuentes consultadas explican que este debate se entiende más en clave política que jurídica. De esta manera, los fiscales que respalden a García Ortiz apoyarán la tesis de aplicar la amnistía a todos los delitos del procés, incluido el de malversación de caudales públicos.
A su lado tendrá también a la 'número dos' de la institución, María Ángeles Sánchez-Conde, a la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite; o su antecesora y persona de máxima confianza, Dolores Delgado.
Por su parte, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno van a defender la tesis contraria, esto es, que la malversación por la que se condenó a Oriol Junqueras y otros líderes independentistas y por la que se acusa a Carles Puigdemont no tiene cabida en la norma que impulsó el PSOE para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.
El criterio de García Ortiz
A esta última tesis se espera que se adhiera también una parte importante de la Junta de Fiscales de Sala, en concreto, los fiscales más veteranos y afines a los cuatro representantes del Ministerio Público en el procés. A su juicio, Puigdemont y Junqueras cometieron una malversación en su modalidad activa, puesto que fueron ellos quienes se apropiaron de los fondos públicos de la Generalitat para convocar el referéndum ilegal.
Así pues, los fiscales que asumieron la causa del procés en 2017 mantienen que los líderes independentistas se apropiaron de fondos "con ánimo de lucro", lo que se deriva en un "enriquecimiento personal", puesto que dichos fondos de la Generalitat no fueron a parar a terceros.
Precisamente, la ley de la amnistía determina que todos los actos de malversación relacionados con el procés están protegidos con la medida de gracia, a excepción de los actos que implicaron un "enriquecimiento personal o beneficio patrimonial", situación esta última que es la que los fiscales del procés atribuyen a los acusados y condenados por estos hechos.
Más de 80 causas afectadas por la amnistía
E fiscal general, por su parte, sostuvo en su decreto que la condena del procés evidencia con claridad que Junqueras y el resto de miembros de su equipo de Gobierno no se quedaron con las partidas desviadas para el 1-O. "Se administraron de forma desleal los fondos públicos con el único propósito de celebrar un referéndum de autodeterminación, sin que se apreciase en los encausados otros intereses crematísticos", expuso.
La respuesta de los fiscales acerca de que la orden de García Ortiz era "improcedente y contraria a las leyes", abrió la puerta a la convocatoria de esta Junta de Fiscales, regulada en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Pese a la expectación del encuentro, el resultado de la votación no es vinculante, por lo que el fiscal general impondrá su criterio frente al del resto.
Sin embargo, la escisión de la Junta de Fiscales sí que evidencia el momento de fractura que atraviesa la Fiscalía General del Estado, así como la falta de un apoyo total al criterio que García Ortiz impondrá para las más de 80 causas abiertas en juzgados de toda España y afectadas por la ley de amnistía.
Pendientes del Supremo
De mantenerse las posiciones encontradas, todo apunta que el fiscal general encargará la redacción del informe del procés a la teniente fiscal del Supremo y su 'número dos', María Ángeles Sánchez-Conde. De hecho, ya le encargó la redacción del informe de la Fiscalía contrario a investigar por terrorismo a Puigdemont en el Supremo.
Dicho informe no recabó el sentir mayoritario de los fiscales del Supremo, que se pronunciaron en sentido contrario. Sin embargo, García Ortiz mantuvo la negativa a abrir causa contra el líder de Junts por Tsunami Democràtic; un criterio que acabó desoyendo la Sala Segunda del Supremo la cual, por unanimidad, decidió abrir una nueva causa penal al político fugado.
En el caso de la amnistía la última palabra la tendrá también la Sala que preside Manuel Marchena y que ya juzgó y condenó a 12 líderes del procés. La Sala requirió informe a la Fiscalía y a las partes tras la publicación de la norma en el BOE y está a la espera de recabar los criterios para tomar una decisión.
Como informó este medio, los magistrados estudiarán por separado los delitos del procés (desobediencia y malversación) y el de terrorismo contra Puigdemont. De esta forma, la respuesta de los magistrados podría variar en función del tipo penal que aborden y de su encaje en la amnistía. En este sentido, la principal duda se ciñe en la malversación, por la redacción de la norma y porque puede contravenir la directiva europea en esta materia.
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