Política

El Gobierno presiona al PNV con llevar las cuentas de Euskadi al Constitucional

El portavoz del ejecutivo de Urkullu considera que el procedimiento iniciado para anular la subida salarial del 1,5% a los funcionarios vascos es "un gesto inamistoso"

El Gobierno confía en que las negociaciones que mantendrá con el Ejecutivo de Euskadi en la comisión bilateral de cooperación permitan un acuerdo que evite su recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra los presupuestos autonómicos de 2018 por la subida salarial a los funcionarios vascos.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha informado hoy de que el Ejecutivo central le ha trasladado su intención de recurrir esos presupuestos al considerar que se extralimita competencialmente por la subida salarial a los funcionarios del 1,5 %, todavía no aplicada, y por la aportación de hasta el 1 % de los sueldos al plan de pensiones Itzarri.

Un anuncio que Erkoreka ha calificado de "gesto inamistoso" en un momento en el que está sobre la mesa la negociación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018, aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

El propio Erkoreka ha explicado que a partir de ahora se iniciarán las negociaciones en la comisión bilateral de cooperación entre los dos gobiernos, para lo que hay fijado un plazo de seis meses, antes de que se presente formalmente el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy han informado a Efe de que el inicio del procedimiento para recurrir es automático porque por ahora las retribuciones del sector público se mantienen de acuerdo con el ejercicio de 2017. Pero resaltan el "largo camino" que queda aún por delante antes de adoptar formalmente la decisión de recurrir al TC, ya que existe ese plazo de seis meses para negociar en la comisión de cooperación bilateral.

Además, subrayan que sólo en el 5 por ciento de los casos en los que existe esa negociación se acaba presentando finalmente el recurso.

Las fuentes citadas confían en que este asunto no suponga un problema añadido para la negociación que el Gobierno prevé mantener con el PNV para que apoye los presupuesto del Estado de 2018, un respaldo que este partido asegura que no dará mientras se mantenga vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

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