El Gobierno no entiende bien los movimientos de Carles Puigdemont. Fuentes del Ejecutivo explican que no comprenden porqué el expresidente catalán ha obviado concurrir en las elecciones europeas, que le hubieran permitido lograr el aforamiento en caso de haber logrado un acta y sin necesidad de pisar suelo español. En estos momentos solo puede conseguirlo si regresa a España a recoger la del Parlament, dada su condición de diputado electo tras las elecciones del 12 de mayo. Pero la situación de Puigdemont es complicada. "Le pueden abrir cualquier causa en cualquier juzgado [que le complique todo]", explica una fuente gubernamental de peso.
La amnistía se someterá de nuevo a votación este jueves en el Congreso tras el rechazo del Senado, donde previsiblemente será aprobada definitivamente. La ley está hecha a la medida de Pugidemont pero en el Gobierno no se fían de que todo vaya a funcionar como está previsto, porque todo depende de los jueces. Las fuentes consultadas explican que el núcleo duro de Moncloa espera algún movimiento de la la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dirige el juez Manuel Marchena, y que torpedee la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. No obstante, estas fuentes no quieren especular. Pero lo que está claro es que una vez la norma esté en el BOE, arranca una nueva fase.
¿Y qué puede hacer el Supremo? El catedrátido de Derecho Penal Enrique Gimbernat dio alguna pista en una entrevista en 20 minutos: "El artículo 4 de la norma dicta el inmediato alzamiento de medidas cautelares, incluyendo órdenes de detención nacionales o europeas, una vez la ley entre en vigor. El Supremo planteará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea también sobre ese artículo. Por tanto, no se va a aplicar. El Derecho europeo dice que cuando se presenta una cuestión prejudicial queda suspendida la aplicación de la ley, la ley de amnistía va en contra de esta doctrina". Pero tocará esperar.
En el Ejecutivo creen que Puigdemont podría volver, en efecto, para tomar posesión de su escaño en el Parlament. De manera que responda solo ante el mismo Supremo que le sigue los pies. El problema es que no les cuadra, porque esa vuelta para sentarse en la oposición sería una "humillación" que evidenciaría "el final del procés". "Tienen muy complicado explicar a la gente que hicieron todo eso ¿para qué? ¿Para volver a dónde estaban?", añaden en el núcleo duro del Gobierno.
La cita con las urnas del pasado 12 de mayo da margen para celebrar la sesión constitutiva hasta el 10 de junio -contando como inhábil el festivo de la Segunda Pascua-, justo un día después de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para el 9 de junio. Una vez formado el nuevo hemiciclo, hay 10 días hábiles para celebrar la primera investidura. Si se apuraran plazos, el último día para celebrar la primera sesión sería el 25 de junio, después de San Juan. Pero en Moncloa calculan que "habrá varias investiduras".
Hace tiempo que el PSC trabaja en un escenario de colaboración con la derecha independentista catalana. La idea de algunos dirigentes, según ha sabido Vozpópuli, es establecer una especie de sinergia similar a la que gobierna el País Vasco, donde el PSE y el PNV cohabitan en el gobierno de Euskadi.
El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, lo recomendó recientemente en una entrevista en El Nacional. El líder del Euzkadi Buru Batzar (ejecutiva) aboga porque Junts y PSC “trabajen en la argamasa” que permita un acuerdo en el futuro. El problema para el PSC, según el relato de fuentes de su ejecutiva, es el expresidente catalán. "Sería interesante explorar esa colaboración, aunque me temo que Puigdemont es un impedimento para eso", sintetizan. Por eso el empeño de Moncloa es que el Puigdemont caiga derrotado.
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