El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, para eliminar el aforamiento de los miembros del Gobierno, diputados y senadores en asuntos judiciales que no sean derivados de su labor, según ha anunciado hoy la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra. Todo un 'acelerón' político para una reforma que exige los preceptivos informes previos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando sea proyecto de ley, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la anunció este mismo lunes.
El texto del anteproyecto no sólo planteará suprimir esos aforamientos sino también "precisar" el alcance del aforamiento de jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas, según explicaron anoche fuentes gubernamentales.
Según datos facilitados en el Congreso por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en una comparecencia en marzo de 2017, en España hay unos 250.000 aforados de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las policías autonómicas. El resto -17.603- pertenecen a instituciones estatales o autonómicas entre miembros del Gobierno, diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, políticos, jueces y fiscales.
El Rey continuará siendo inviolable tras la reforma de la Constitución que plantea ahora el Gobierno socialista
La Constitución de 1978 otorga únicamente el aforamiento al presidente del Gobierno, a sus ministros y a los diputados y senadores. Del resto, el grueso de personas aforadas ante el Tribunal Supremo lo son a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): jueces y fiscales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo.
Además, los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades han otorgado el aforamiento ante sus respectivos tribunales superiores de justicia -no ante el Supremo- a los miembros de sus gobiernos y parlamentos autonómicos.
La reforma de la LOPJ aprobada en junio de 2014 incluyó también a algunos de los miembros de la Casa Real para extender el aforamiento al Rey Juan Carlos, la Reina Letizia, la Reina Sofía y la princesa de Asturias, una vez que el rey emérito abdicó y perdió así la inviolabilidad. Sí la mantiene, según la Constitución, el Rey Felipe VI y que no se vería afectada por la reforma de la Carta Magna planteada por Sánchez.
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