Nuevo ejercicio de prestidigitación del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante lo inminente de la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, gracias a la entrega sin concesiones del Ejecutivo a ERC, las críticas han empezado a aflorar tanto desde la oposición como a nivel interno en el PSOE, donde varios barones autonómicos de calado han dejado claro su descontento.
El exministro de Sanidad será investido este jueves, si nada se tuerce, con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de PP y Vox. Un acto que contará con la aparición estelar de Carles Puigdemont, quien ayer confirmó que viajará a España para torpedear lo máximo posible con su detención dicha investidura.
Como todo el mundo sabe de sobra a estas alturas, la llave que ha desbloqueado las negociaciones entre el PSC y Esquerra ha sido la concesión de un concierto fiscal exclusivo para Cataluña, quien pasará a gestionar, sin interferencias del Estado, el 100% de los impuestos que recaude.
Este preacuerdo, que aún debe tener el visto bueno del Congreso, necesita el voto a favor de 176 diputados, circunstancia ahora mismo en duda por el distanciamiento de algunas delegaciones territoriales del PSOE con dicho pacto. García-Page, Lambán y Barbón han sido los más críticos, aunque también ha habido otros perfiles como Lobato que han deslizado su desacuerdo.
Salvo Espadas, que quiere obtener con su lealtad la permanencia en el liderazgo del PSOE andaluz, una amplía mayoría de barones autonómicos han puesto las cartas encima de la mesa. Una cosa era la amnistía y otra bien diferente que les toquen el bolsillo. Veremos si votan en contra cuando llegue el momento.
Como el Gobierno, cumpliendo a rajatabla su falta de transparencia, todavía no ha informado a las distintas Comunidades Autónomas de qué forma les afectará esta decisión acordada en Cataluña, decidió comunicar el montante que las regiones recibirán en 2025 en concepto de entregas a cuenta. Un anuncio que discurre en paralelo al acuerdo con ERC, pero que tenía la intención de calmar las aguas.
El Gobierno ataca a Ayuso por dumping fiscal
Tras no lograr convencer a la opinión pública ni a los miembros de su partido de los beneficios que tendrán estas concesiones a Cataluña, el Gobierno ha pasado al ataque. El objetivo, como casi siempre desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, es la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ser el epicentro de las críticas en las últimas horas.
En esta ocasión, y ante las críticas de Madrid por el pacto y la petición a la ministra María Jesús Montero de la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera que explicara lo acordado con ERC, el Ejecutivo central ha puesto su mirada en el supuesto dumping fiscal que ejerce Madrid para tapar las desigualdades que se producirán entre las distintas regiones de España.
Brevemente, el dumping fiscal es ofrecer beneficios fiscales a los contribuyentes mediante deducciones de los distintos impuestos.
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, difundió hace unas horas un vídeo en pleno debate por la salida de Cataluña del régimen común de financiación en el cargó las tintas contra el PP, acusándoles de "bajar impuestos solo a los más ricos", y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al entender que su Ejecutivo aplica un "dumping fiscal".
Según el PSOE, los posicionamientos del PP en materia de financiación se resumen de forma breve: "bajar impuestos solo a los más ricos, recaudar menos para sanidad y educación y pedir más y más dinero al Estado".
Un hecho que Peña encadenó con reproches al Partido Popular por votar en contra en el Congreso de los Diputados de los objetivos de estabilidad presupuestaria, algo que, según defiende Ferraz, "supondrá 6.000 millones de euros más para las comunidades autónomas".
Fuegos de artificio, palabras con objetivo político y una estrategia que pasa por tapar lo máximo posible los perjuicios económicos que traerá este pacto al resto de Comunidades Autónomas hasta que Salvador Illa amarre su sillón en la Generalitat. Una vez logrado, tocará convencer a los socialistas díscolos de lo beneficioso que será para ellos que una única autonomía española gestione el 100% de los impuestos que recauda.