Cunde el pesimismo en el Gobierno y el PSOE respecto a la posibilidad de que Bélgica entregue del huido Carles Puigdemont por los mismos delitos de sedición y malversación de caudales públicos que han servido para condenar a más de diez años de cárcel a Oriol Junqueras y al resto de consellers del Gobierno catalán que instigaron el referéndum ilegal del 1-O.
Fuentes del Ejecutivo explican a Vozpópuli que, aún cuando la Fiscalía belga apoye la entrega del expresident de la Generalitat por ambos delitos, en tanto que se le considera el cerebro de aquellos sucesos hoy condenados en sentencia firme en España, no está nada claro que los jueces de aquel país compartan ese criterio. De hecho, en otras diligencias, la Fiscalía belga ya se alineó con España y acabó Puigdemont ganando el pulso.
Y es que, así como la malversación está incluida como "corrupción" en el listado adjunto de 32 delitos de entrega automática que firmaron los países europeos en 2002 al poner en marcha con el mecanismo de la euroorden, la sedición no figura.
En el Código Penal belga no existe el español delito de "sedición" y Moncloa teme que sus jueces se aferren a esa controversia para entregarlo solo por malversación
Es más, la sedición no existe en el Código Penal belga; sí la rebellion (artículos 269/274), pero no es equiparable a la "rebelión" del Código Penal español. En Bélgica, rebellion es toda suerte de resistencia y atentado contra la autoridad. En su versión más agravada (tumultuaria) podría encajar en la condena del Tribunal Supremo que ha adjuntado el magistrado Pablo Llarena a la autoridad judicial belga.
Pero el Ejecutivo español ha torcido el gesto al ver que los jueces belgas, a pesar de la euroorden de Llarena, ni siquiera han restringido la libertad de movimiento y salida del país al huido expresident. De momento, se aplaza a diciembre cualquier decisión para que el abogado de Puigdemont en aquel país, Paul Bekaert, un experto en impedir extradiciones de etarras a España en el pasado, pueda estudiar el caso.
Es la segunda vez que Llarena pide a Bélgica la entrega de Puigdemont. La diferencia con la primera, hace dos años, es que ahora ha modificado los delitos por los que se le reclama, en línea con las condenas por sedición.
Solicitud de entrega
En 2017, Llarena emitió euroórdenes a Bélgica y Suiza para la pedir la entrega para ser juzgados por presuntos delitos de rebelión y malversación de Puigdemont y otros políticos huidos. También las remitió a Alemania, donde el expresidente catalán fue detenido cuando volvía en coche a Bruselas desde Finlandia. Un tribunal rechazó entregarlo por rebelión y Llarena retiró las euroórdenes enviadas tanto a Alemania como a Bélgica y Suiza.
Calvo ha amenazado a Bélgica con tomar "decisiones" si sus jueces no entregan al ex president a España después de un juicio en la sala Segunda del Tribunal Supremo
Si finalmente, dentro de unos meses, la Justicia belga acepta entregarle solo por malversación, no por sedición, el Gobierno de Pedro Sánchez se opondrá vivamente y así se lo hará saber al juez Llarena, que es quien, en última instancia decide.
Además de la "humillación" que supondría para España que otro Estado de la UE cuestione su sistema penal, admite una de las fuentes consultadas por Vozpópuli, es que se daría la paradoja de que el cerebro Puigdemont sea puesto en libertad mientras algunos de sus subordinados siguen cumpliendo pena por la sentencia del Supremo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lanzó hace escasos días un aviso a Bélgica en ese sentido. Desde el Ejecutivo español "no se entenderá" que no se entregue a "quienes están huidos de la justicia española". "Interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima se le niegue la entrega después de tener la sentencia del Supremo, para igualdad en la justicia", subrayó. Y añadió acto seguido: si se produce ese escenario, España tomaría "decisiones" contra Bélgica.
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