La falta de reacción por parte de Ferraz ante el varapalo del Tribunal Supremo a la ley de amnistía habla por sí sola. En el PSOE eran conscientes de los obstáculos a los que se iba a enfrentar la tramitación de la ley en el campo judicial, una vez superada la fase política. Una realidad que tampoco escapa al entendimiento del líder de Junts, Carles Puigdemont, que se ha limitado a publicar en esa suerte de bando municipal en el que se ha convertido su cuenta de Twitter un mensaje contra los miembros del Supremo: "La Toga Nostra".
Más allá de entrar en pánico, ambas formaciones políticas han mostrado su rechazo a la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo de excluir la malversación de la ley de amnistía sin entrar en grandes aspavientos ni que el tablero explosione. La parálisis de la amnistía era esperada -por algo el líder de Junts no ha pisado todavía España-, pero en Ferraz y Vallespir -localidad francesa a 8 kilómetros de la frontera española en la que reside Puigdemont- saben que aún les queda un as bajo la manga: el Tribunal Constitucional (TC) bajo las riendas de Cándido Conde-Pumpido.
No es de extrañar que en el PSOE confíen en el férreo control que ejercen sobre el TC para darle la vuelta a la tortilla y desautorizar el acuerdo del Supremo -con el único voto particular de la magistrada Ana Ferrer-. Desde hace días, el órgano que comanda Conde-Pumpido maniobra para anular las penas por malversación en el caso de los ERE, como adelantó Vozpópuli. Un precedente que juega a favor de Sánchez y sus socios (Junts).
El precedente de los ERE
Fuentes jurídicas confirman a este periódico que la ponencia de la vicepresidencia del TC, Inmaculada Montalbán, prevé dar la razón al recurso interpuesto por la exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo ante el delito de malversación que el Supremo cifró en más de 700 millones de euros. Esta concesión del Constitucional abriría la puerta a anular el delito de malversación en otros condenados por los ERE, como el expresidente andaluz José Antonio Griñán, que fue condenado a prisión por este delito.
Hace apenas dos semanas, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido comenzó este tránsito tumbando con su mayoría progresista la condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación de la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.
Si finalmente el TC consigue incorporar una nueva doctrina sobre el delito de malversación, el choque con el Supremo está asegurado y podría allanar el terreno a la aplicación de la amnistía que buscan Sánchez y Puigdemont. Además, no hay que olvidar que el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la amnistía -tras plantear una cuestión de inconstitucionalidad la Sala Segunda del Supremo- para aclarar si el delito de desobediencia entra en conflicto o no con dos artículos de la Carta Magna -artículo 9.3 de la Constitución (sobre el principio de seguridad jurídica) y el artículo 14 (relativo a la igualdad de los españoles ante la ley)-.
El PSOE se muestra confiado
La mayoría progresista del TC supone una carta inestimable para sujetar al Gobierno de coalición hasta el final de la legislatura. Todo apunta a que el órgano de Conde-Pumpido suplirá la tesis de Ferraz, que consisten en que los tribunales están obligados a aplicar las leyes tal cual están redactadas en las cámaras parlamentarias -pese a que puedan entrar en conflicto con otras ya aprobadas o el texto constitucional-. "La confianza en el Estado de Derecho de nuestro país es absoluta. España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el TSJ de Cataluña", afirman fuentes de la dirección del PSOE.
Para los socialistas, "es una buena noticia" que el Supremo no haya cuestionado de manera general la "constitucionalidad" de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea: "El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el TS renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE".
También confían en la redacción de la norma y en ese artículo 1.4 pensado para Carles Puigdemont: "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".
El cuartel general del PSOE sí se ha mostrado crítico con el Supremo por hacer "consideraciones políticas sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".
