El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que el Gobierno ha sido "prudente y mesurado" y ha asegurado que las medidas puestas en marcha en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución "finalizarán con las elecciones" autonómicas del 21 de diciembre.
Durante una conferencia en el Fórum Europa, Catalá ha considerado que "no son comparables" los procedimientos abiertos contra los máximos responsables de la Generalitat en España y en Bélgica, por lo que las medidas cautelares, en referencia a la prisión provisional, "tampoco pueden ser comparables".
En este sentido, ha remarcado que el abierto en España es un proceso judicial y en el que se sigue en Bélgica solo se debe decidir sobre el traslado a España del expresident catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de la Generalitat.
El ministro ha expresado su convencimiento de que la orden europea de detención y traslado "tendrá un buen fin" y todos ellos se presentarán ante los tribunales españoles, a la vez que ha relacionado la prisión provisional ordenada para los exconsellers que se encuentran en España con la acusación de delitos con condenas "graves" y con que algunos de los acusados -Puigdemont y cuatro exconsejeros- se hubieran marchado del país.
Catalá ha afirmado que todos los afectados por ambos procedimientos tienen sus derechos políticos "intactos" y por tanto se pueden presentar como candidatos a los comicios del 21 de diciembre, ya que únicamente se puede establecer una inhabilitación en este sentido por sentencia judicial y "de aquí al 21 de diciembre no hay tiempo" para llegar a una resolución en este caso.
También ha asegurado que en este momento el Gobierno español "no plantea ni tiene encima de la mesa" la posibilidad de ilegalizar ningún partido de cara a esas elecciones.
Ha recalcado que la aplicación del artículo 155 en Cataluña "finalizará" con la celebración de las elecciones autonómicas, de las que saldrá un parlamento y un gobierno catalán nuevo del que espera que "se comporte con la lealtad institucional y constitucional con la que históricamente se ha comportado la Generalitat".
El titular de Justicia ha remarcado, sobre este asunto, que el artículo 155 no se ha aplicado porque el Gobierno catalán quiera la independencia, sino por "la acción de incumplir la Constitución", y ha rechazado que las medidas consecuencia de ese artículo se puedan "ajustar o variar" antes de las elecciones "porque no da tiempo material en una situación casi de precampaña a hacer esa reflexión".
Según ha expuesto, la democracia española "garantiza el libre ejercicio de la opción política y uno puede ser republicano o querer la independencia, pero siempre respetando las reglas", un marco que se puede cambiar, aunque "dentro de la ley y con diálogo y acuerdo", ha precisado.
Ha mantenido que la "derivas secesionistas solo traen empobrecimiento social y huida de empresas" a la vez que dejan a un territorio "aislado, lo que le hace más pequeño y pobre".
"La vacuna antipánico es la seguridad jurídica que da el Estado de derecho", ha dicho, y ha añadido que los gobiernos "están para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos".
Durante la conferencia, Catalá se ha referido a la reforma de la Justicia en España, que ahora se analiza en una subcomisión en el Congreso de los Diputados, y tras asegurar que se trata de un proyecto "muy ambicioso", ha opinado que debe poner el foco en los profesionales y por ello se convocarán en 2018 trescientas plazas de jueces y fiscales en toda España.
También debe incluir una "revisión profunda" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data del siglo XIX y sigue vigente "con remiendos", y hacerla "coherente" con el modelo que se sigue en la UE, así como mejorar las leyes procesales aplicadas a la ley de enjuiciamiento civil.
Otros aspecto de la reforma serán la adaptación a las nuevas tecnologías; "identificar las causas" por las que el ciudadano no percibe la existencia de una auténtica independencia judicial y "no perder de vista que el destinatario del servicio es el ciudadano".
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