Tras la remodelación de la semana pasada de tres consejeros que no estaban dispuestos a inmolarse en el referéndum ilegal de independencia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, se habían conjurado con el resto del gabinete para no dar pistas al Gobierno, a la Justicia y a las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre cómo están preparando el desafío de uno de octubre.
Pero ayer el Consejo de Ministros, en su penúltima reunión antes de las vacaciones de agosto, respondió por sorpresa y de manera fulminante con un acuerdo que es lo más parecido, de momento, a una intervención como la que se prevé en el artículo 155 de la Constitución contra una autonomía rebelde. Este '155 económico' prevé además que el Ministerio de Hacienda tenga acceso a sus ordenadores para controlar en tiempo real que las facturas entrantes no guardan relación con gasto alguno del referéndum.
Además, los interventores de las 13 consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades (empresas públicas y organismos) en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro deberán enviar un certificado semanal acreditando que no han dedicado "ni un euro" a sufragar la consulta. De no hacerlo, los funcionarios afectados serán denunciados y, además, el Gobierno cortará el Fondo de Liquidez (FLA) que recibe Cataluña y que este año asciende a 3.600 millones de euros.
Desde noviembre de 2015, los responsables económicos de todas las autonomías que se financian vía FLA por los efectos de la crisis económica, Cataluña incluida, vienen informando mensualmente a Hacienda de su gasto; los de Cataluña también. Porque esa comunidad lleva recibidos 63.000 millones del FLA desde 2012 ante su insolvencia para generar recursos con los cuales paguen servicios públicos.
La Moncloa justifica esta nueva medida excepcional con las cuentas de la Generalitat porque "la radicalidad se ha apoderado del Ejecutivo catalán"
Pero ayer, visto que "la radicalidad se ha apoderado del Ejecutivo catalán", en palabras del ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos decidió dar una vuelta de tuerca, luego ratificada por el gabinete en su conjunto, que, en la práctica, deja sin margen de maniobra a Oriol Junqueras en su relación jerárquica con los funcionarios de la Generalitat.
"Es una bomba de relojería para él", señalan fuentes de La Moncloa, que recalcan que la vigilancia se realizará sobre todo en el presupuesto catalán. A finales de la próxima semana deberían remitir sus primeros informes semanales los interventores y demás afectados por el acuerdo adoptado ayer en La Moncloa.
Los "acontecimientos de las últimas semanas" en Cataluña han motivado en gran medida este acuerdo del Gobierno, reconoció Méndez de Vigo, quien evitó responder si esta decisión podría ser la antesala para, en un futuro, aplicar el artículo 155 de la Constitución.
"El acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante", insistió el portavoz del Gobierno, "una actuación preventiva a favor del bienestar y de la prosperidad de todos los catalanes, y garantizar que su dinero va a donde los catalanes quieren que vaya, no a que sufraguen un referéndum que es voluntad de unos pocos".
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