El Gobierno tendrá que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados por la filtración a la prensa del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso que afecta a Begoña Gomez, mujer de Pedro Sánchez. La revelación del contenido propició que el juez que instruye la causa, en el Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid y ante una denuncia del sindicato Manos Limpias, levantase el secreto de sumario.
Las explicaciones que el Gobierno deberá ofrecer en el Congreso de los Diputados atienden a una iniciativa registrada en la Cámara Baja por Vox. En el documento, consultado por Vozpópuli, se recogen preguntas relacionadas con la filtración a la prensa del informe de la UCO que afecta a Begoña Gómez, donde se investigan, entre otros, un presunto delito de tráfico de influencias.
Las preguntas registradas en el Congreso de los Diputados suponen uno de los mecanismos habituales de control de la oposición a la actividad del Gobierno. Incorporadas al Boletín Oficial de las Cortes, el Ejecutivo tiene obligación de responder en tiempo y forma a las interpelaciones, también por vía escrita.
Javier Ortega-Smith, Emilio Jesús del Valle y Carlos Flores son los diputados de Vox que firman la iniciativa registrada en el Congreso. En ella preguntan si “tiene el Gobierno conocimiento del origen de la filtración” del citado informe de la UCO.
Cabe recordar que Aitor Guisasola, uno de los abogados personados en la causa, publicó en la red social ‘X’ el auto dictado por el juez titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, donde se decretaba el levantamiento del secreto de sumario por las filtraciones a la prensa del informe de la UCO.
El informe de la UCO
El magistrado indicaba que las circunstancias que aconsejaban declarar secretas estas diligencias habían cambiado con la revelación del informe. Así, pese a haber extendido una prórroga del secreto poco antes, decidió levantarlo, aduciendo que no hay más documentación en la causa que exija mantener el blindaje sobre la causa.
Un informe cuyo contenido adelantó El País y en el que, según apuntaban las informaciones, no se encontraron indicios de delito de tráfico de influencias en el caso de Begoña Gómez; ni al haber recomendado por escrito en una adjudicación pública a la UTE de la que formaba parte un empresario cercano, Carlos Barrabés, ni en el rescate de la aerolínea Air Europa.
Vox -que está personado en la causa junto al sindicato de funcionarios Manos Limpias y el Movimiento de Regeneración Política de España- pregunta además al Gobierno, en la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados, si “tiene previsto impulsar algún tipo de modificación normativa en materia de gestión procesal para evitar filtraciones como la ocurrida”.
La imputación de Begoña Gómez
El sindicato Manos Limpias interpuso una denuncia en la que destacaba que Begoña Gómez, “prevaliéndose de su estatus” como esposa del presidente del Gobierno, ha “recomendado” y “avalado” por carta de recomendación a empresarios que se presentaban a adjudicaciones públicas. Tanto el juez Peinado como la Fiscalía Europea ponen el foco en las adjudicaciones del ente público Red.es a la UTE de la que participaba Innova Next -mercantil de Carlos Barrabés- junto con la firma The Valley.
Como contó Vozpópuli, el último movimiento dentro de esta causa se centra en la apertura de una nueva línea de investigación por parte del juez Peinado. El instructor, que ha decidido remitir a la Fiscalía Europea parte de las pesquisas, también ha citado como testigo al jefe de servicio de seguridad de Moncloa para esclarecer quien firmó la citación como imputada de Begoña Gómez.
Así se desprende de la nueva documental incorporada al sumario, en el marco de la cual el instructor explica que no consta que Begoña Gómez recogiera personalmente su citación para declarar como imputada en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo 5 de julio.
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