"¿La Fiscalía de quién depende?". Pedro Sánchez ya sabía en 2019 que la Fiscalía dependía del Gobierno. En aquel momento hasta lo defendía públicamente para asegurar que se iba a encargar de traer a Carles Puigdemont para que fuera juzgado. A pesar de los múltiples frentes que tiene abiertos el fiscal general del Estado de la confianza de Sánchez, Álvaro García Ortiz, como el varapalo del Tribunal Supremo por el último nombramiento de Dolores Delgado y la apertura de una causa a instancias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno sale en su defensa y asegura en una respuesta oficial que funciona con "autonomía" y "sin dependencia del poder".
En un documento emitido al grupo parlamentario Vox, Moncloa dice que "el Ministerio Fiscal tiene consagrada su autonomía funcional y, por tanto, su capacidad de auto organización y funcionamiento interno, sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado". Una afirmación que suena a ironía conociendo los antecedentes de Sánchez y del propio García Ortiz.
"El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad", añade el escrito de Moncloa.
La citada "autonomía" y la falta de "dependencia del poder" que el Gobierno de Sánchez presume sobre la Fiscalía contrasta con la ristra de escándalos que no dejan de acumularse a las puertas del Ministerio Fiscal. El último encontronazo de García Ortiz se ha producido con la Asociación de Fiscales, que ha roto sus relaciones con el fiscal general y ha abandonad la mesa de trabajo que para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La asociación mayoritaria de la carrera fiscal tomó esta decisión tras las polémicas las declaraciones de García Ortiz en las que acusó a las organizaciones de fiscales de estar politizadas. En una entrevista en Cadena Ser afirmó que había una "identidad de objetivos" entre las asociaciones judiciales y fiscales "con determinados partidos políticos".
Varapalos del Supremo y del CGPJ
Los últimos reveses judiciales de Ortiz no ayudan a reforzar el mensaje de que actúa con "autonomía". Uno de ellos ha sido dado por el mismísimo Tribunal Supremo, que ha anulado la elección de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
El pronunciamiento de la Sala Tercera se produjo después de que en noviembre anulara su primera designación. El Supremo le atribuyó entonces una "visible e innegable desviación de poder" al defender una suerte de promoción automática para Delgado tras dejar la jefatura de la Fiscalía. A mayores, la Sala reiteró en enero que veía "incontestable" esta desviación, después de que Delgado agotara la última vía para revertir esta nulidad.
A este varapalo del Tribunal Supremo hay que sumar el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le declaró inidóneo para el cargo en un pronunciamiento insólito hasta la fecha.
Querella de la pareja de Ayuso
A este historial hay que añadir la estocada definitiva. La querella admitida a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por presunta revelación de secretos. Se trata de una demanda interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto para investigar si la Fiscalía cometió delito al informar sobre comunicaciones secretas entre este último y el abogado de Alberto González Amador.
Sobre el fiscal general planea la sospecha de que pudo haber dado las órdenes de publicar la nota que desvelaba el ofrecimiento del abogado de González Amador para llegar a un pacto con la Fiscalía. La filtración de estos datos puso en pie de guerra al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que la denunció en los juzgados en otro acontecimiento inédito.
Este largo historial no es óbice para que Moncloa insista en que el fiscal general del Estado "tiene consagrada su autonomía funcional" y actúa "sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado".
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