El Gobierno aún confía en que los independentistas no usen su mayoría en la Mesa del Parlamento Catalán para tramitar la llamada "Ley del referéndum", firmada por los 61 diputados de Junts pel Sí el viernes y a la espera de ser registrada este lunes, último día hábil hasta el 15 de agosto, según señalan fuentes del Ejecutivo a Vozpópuli; que sea todo un nuevo "amagar y no dar", dicen en La Moncloa.
Porque, técnicamente, explican las fuentes consultadas, esa ley no deja de ser una propuesta política que, como tal, no violenta la Constitución. Habrá delito cuando la Mesa de la Cámara catalana no la califique para su tramitación; cuando lo haga, entonces actuará el Tribunal Constitucional (TC) en ejecución de su sentencia sobre el procés, para paralizar la actuación del órgano de gobierno de la Cámara Catalana y perseguir de oficio a sus integrantes por desobediencia.
Pero en La Moncloa todavía existe sensación de que no va a llegar la sangre al río, que tanto el PDCat como Esquerra republicana de Catalunya (ERC) van a aprovechar los quince días de vacaciones parlamentarias para seguir "amagando y no dando" en materia del referéndum.
"Es como si alguien presenta en las Cortes una proposición de ley pidiendo la restauración de la pena de muerte, claramente inconstitucional. Los grupos tienen capacidad de proponer, pero la Mesa del Congreso no podría tramitar algo que va frontalmente contra la Carta Magna", señalaba ayer un alto cargo del Ejecutivo.
Lo dijo horas después de que el Consejo de Ministros El Consejo de Ministros recurriera ante el TC la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña con la que los partidos independentistas pretender aprobar vía "exprés". Lo hizo después de recibir del Consejo de Estado un informe urgente donde este órgano concluye que "existen fundamentos jurídicos" para interponer ese recurso de inconstitucionalidad, por "vulnerar el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución".
El Pleno del alto tribunal se va a reunir el lunes a las 17.30 horas para decidir sobre ese primer recurso del Ejecutivo contra una iniciativa de esta nueva ofensiva soberanista para la independencia de Cataluña.
Máxima alerta en el Gobierno y los tribunales para mirar con lupa cualquier iniciativa que salga del Parlamento de Cataluña y la Generalitat, y cortar de raíz movimientos independentistas
Aunque oficialmente el Gobierno se coge vacaciones desde esta tarde, tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, estarán durante todo agosto en una especie de guardia al frente de los servicios de la Abogacía del Estado. Igualmente el propio TC, la Fiscalía y el resto de los órganos jurisdiccionales que tengan que trabajar, eventualmente, si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cumple su amenaza de convocar esa consulta.
El temor del Ejecutivo es que la Generalitat intente una jugada que al Estado le complicaría "mucho", reconocen otras fuentes consultadas por Vozpópuli, sabotear ese referéndum: convocar elecciones autonómicas anticipadas el mismo día que la consulta, el uno de octubre.
Las urnas del referéndum estarían fuera de los colegios electorales para no contravenir la normativa, pero aún así el Gobierno estaría obligado a reprimir ese referéndum. Puigdemont tiene de plazo hasta el 7 de agosto para tomar esa decisión, puesto que una convocatoria electoral necesita 54 días de plazo como mínimo.
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