El Gobierno de Pedro Sánchez recurre a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para ocultar en el Congreso de los Diputados si ha dispuesto algún tipo de servicio de escoltas al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien negocia con el Ejecutivo la Ley de Amnistía para esquivar el banquillo de los tribunales por los acontecimientos que se vivieron en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre.
Así consta en una respuesta parlamentaria tramitada por el Gobierno ante preguntas formuladas por las diputadas del Partido Popular Isabel Borrego y Ana Vázquez, que interpelaban al Ejecutivo sobre las previsiones del Ministerio del Interior de habilitar escoltas a Carles Puigdemont y si había algún “riesgo creíble” sobre su seguridad.
Las diputadas populares también preguntaban sobre qué tramites ha llevado a cabo el Gobierno para responder a esta solicitud, si ha habido algún tipo de contacto con la Generalitat de Cataluña para habilitar los escoltas a Puigdemont y el número de efectivos que se destinarían al cumplimiento de este propósito.
El Gobierno, por su parte, indica en su respuesta escrita que el Ministerio del Interior ya ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado “sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la referida solicitud” y, en su caso, información sobre el cuerpo policial competente para llevarla a cabo.
Ley de secretos oficiales
No obstante, se ampara en la Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968, durante el franquismo, para denegar el acceso a cualquier otra información relativa a la concesión del servicio de escoltas al expresidente catalán, quien aún mantiene un pulso con el Gobierno sobre el alcance de la Ley de Amnistía que le permitiría esquivar el banquillo a pesar de su huida de la Justicia a través de Bélgica.
“Sobre la asignación de escoltas hay que tener en cuenta la normativa relativa a la protección de determinadas materias que, conforme a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, deben ser objeto de un acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado, lo que determina su clasificación como ‘Secreto’ o ‘Reservado’”, esgrime el Gobierno en su respuesta a las diputadas del Partido Popular.
La difusión de la información solicitada en relación con los escoltas de Carles Puigdemont “revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas"Respuesta del Gobierno
Y añade: “En relación con ello, cabe señalar que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga el carácter de ‘Reservado’ a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades”.
Según esgrimen desde el Ejecutivo, la difusión de la información solicitada en relación con los escoltas de Carles Puigdemont “revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección”, lo que supondría un “riesgo” no sólo para la seguridad del “protegido”, sino también para los “propios agentes” y, en definitiva, de “los intereses de la seguridad pública”, defiende Moncloa en su escrito.
Lo solicitud de Puigdemont
Cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre cuando el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, insistió por carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la “peligrosidad y el riesgo hacia su persona”, detectado “desde hace algunas semanas”.
En su escrito, solicitaba que se le asignaran escoltas “de manera inmediata y con carácter de urgencia (…) ante la grave situación de inseguridad que persiste en el caso de Carles Puigdemont cinco años después de la creación de su oficina”.
Como adelantó Vozpópuli, el dispositivo de seguridad de Puigdemont estaría compuesto, como mínimo, por cuatro agentes, y el cuerpo policial asignado para realizar esta labor serían los Mossos d’Esquadra siempre que reciban la autorización del Ministerio del Interior. Cada uno de los agentes cobraría un sueldo y unas dietas que ascenderían a 75.000 euros al año, por lo que el servicio total supondría un desembolso próximo a los 300.000 euros anuales.
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