El pasado martes 3 de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a la conocida como ‘ley Celaá’, el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que su reforma educativa sería "la primera ley del Gobierno en esta legislatura", lo cierto es que el texto es idéntico al que hace un año, el 15 de febrero de 2019, aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de disolver las Cortes.
A pesar de que ahora el Gobierno es de coalición, el documento no presenta ninguna modificación y no incluye algunos de los puntos acordados entre PSOE y Podemos, como terminar con las subvenciones públicas a los centros privados. El hecho de que el documento sea igual al de 2019 evita que se tengan que repetir las consultas previas a los representantes de la comunidad educativa o las comunidades autónomas y directamente iniciará el trámite parlamentario.
La ministra de Educación confirmó que PSOE y Podemos presentarán enmiendas pactadas al texto inicial del Ejecutivo en el trámite parlamentario. "Haremos enmiendas que ya teníamos preparadas, y que efectivamente incorporarán la opinión del Gobierno en su conjunto", aseguró Celaá el pasado miércoles.
Reforma de la Ley de Cadena Alimentaria
Algo similar ocurre ocurre con la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero para tratar de calmar las protestas de los agricultores y ganaderos que se manifiestan, entre otros motivos, por los bajos precios que cobran los productores.
La Ley de Cadena Alimentaria fue aprobada por el Partido Popular en julio de 2013, con Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, y generó gran revuelo entre las filas socialistas. Ahora, el decreto ley impulsado por Luis Planas modifica principalmente cuatro puntos entre los que destacan la prohibición de la venta a pérdidas y las promociones engañosas sobre productos.
En cuanto a una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 950 euros aprobada en febrero por el Consejo de Ministros, solamente supone un aumento de 50 euros sobre la cuantía de 2019; un incremento del 5,5% respecto de la prevista en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre.
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