La portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha afirmado este martes que el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, "no está imputado formalmente" en el caso Auditorio y que la "línea roja" en la que considera que tendría que dimitir es si se le abre juicio oral.
En declaraciones a la Cadena Ser, Arroyo ha recordado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió el término "imputado" por "investigado" para "delimitar bien las fases del proceso penal", y ahora se habla de "investigado" y "encausado", que es cuando se abre juicio oral "y donde todos los partidos ponen la línea roja".
De este modo, ha defendido que Sánchez no está incumpliendo su palabra por no dimitir de su cargo después de que este lunes el juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le citase a declarar como investigado.
Arroyo ha detallado que el pacto de gobierno con Ciudadanos habla de dimisión de los cargos cuando se les impute algún delito de corrupción política, y en este caso entienden que Sánchez "no está imputado formalmente, está citado para poder declarar y aclararlo todo".
"Ponemos la línea roja, como el resto de partidos, en la apertura del juicio oral, nunca en el derecho que tienen los ciudadanos de asistir junto a su abogado para dar explicaciones", ha puntualizado. Dejando clara esa interpretación --que es "la que hacen todos los partidos en sus estatutos", ha dicho-- ha asegurado que Sánchez cumplirá el acuerdo con Ciudadanos. Según ha dicho, Sánchez es "es un presidente de palabra, que cumple con la ley y con su palabra" y además ha defendido la presunción de inocencia que es "la principal garantía para cualquier persona en un Estado de Derecho".
No ha podido explicarse en la Asamblea
Además, la portavoz ha remarcado que el hoy presidente regional lleva desde 2013 intentando ir a dar explicaciones sobre este caso, durante la fase de diligencias y también, desde que comenzó esta legislatura, en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea Regional pero PSOE y Podemos, partidos que le acusan ante los tribunales, "no le han dejado todavía". "Ahora es cuando Pedro Antonio Sánchez tiene la oportunidad de ir a declarar para ir a aclararlo todo", ha añadido.
En cuanto a la Ley de Transparencia de la Región, que prevé dimisiones cuando haya imputaciones por corrupción, incluida la prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), ha respondido que esa ley "no habla de obligación jurídica", porque dice que la persona imputada "entenderá" que no puede seguir en el cargo. "Dice 'entenderá', no 'deberá'", ha justificado Arroyo, defendiendo por lo tanto que la decisión de dimitir queda a criterio del imputado.
No se habla de corrupción, sino de un posible error
Para la portavoz del Gobierno regional, en el caso Auditorio "no se habla de corrupción política" porque nadie ha puesto en duda que "todo el dinero está en la inversión de la obra, el auditorio de Puerto Lumbreras, y lo que puede haber es un "error en un procedimiento administrativo", así que ha pedido "ser justos, por el bien de todos".
En este sentido, ha acusado al PSOE de la Región de haber emprendido una campaña de "persecución y acoso" contra más de 80 cargos del PP, y la Justicia siempre los ha archivado "y nadie ha pedido perdón".
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